Durante décadas, el debate económico en México ha girado alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo lograr un mayor crecimiento? El estudio elaborado por Mariana Mazzucato nos invita a plantear una pregunta distinta, y quizá más importante: ¿hacia dónde debe crecer la economía mexicana y quiénes deben beneficiarse de ese crecimiento?
En la visita realizada la semana pasada a México, la economista presentó las principales conclusiones de su informe. El documento sostiene que el éxito de un país no puede medirse únicamente por el incremento del Producto Interno Bruto, sino por su capacidad para generar bienestar, reducir desigualdades, fortalecer sus capacidades productivas y construir un desarrollo que alcance a todas las regiones y sectores de la población.
Para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, Esta visión resulta especialmente relevante. En los últimos años el país ha demostrado que es posible combinar estabilidad macroeconómica con una política social robusta. El incremento histórico del salario mínimo, la disminución de la pobreza y la ampliación de los programas sociales constituyen avances significativos que el propio estudio reconoce como una base sólida sobre la cual construir una nueva etapa de desarrollo.
Sin embargo, también hay desafíos que no pueden ignorarse. México continúa siendo una economía profundamente desigual; persiste una elevada informalidad laboral; la productividad permanece estancada pese al crecimiento de las exportaciones manufactureras; y existe una marcada concentración regional de la actividad económica. En otras palabras, el país exporta mucho más que hace veinte años, pero ese éxito todavía no se ha traducido en mayores capacidades tecnológicas, mejores salarios para todos ni un desarrollo equilibrado entre el norte y el sur.
Frente a este diagnóstico, el informe plantea una propuesta particularmente interesante: transformar al Estado en un verdadero impulsor del desarrollo, no mediante un regreso al intervencionismo tradicional, sino mediante un Estado capaz de coordinar inversiones, orientar la innovación y generar alianzas inteligentes con el sector privado.
Este enfoque rompe con la vieja dicotomía entre «más Estado» o «más mercado». La experiencia internacional demuestra que las grandes transformaciones económicas ocurren cuando ambos trabajan conjuntamente bajo objetivos compartidos. El papel del Estado consiste en crear condiciones para que la inversión privada encuentre certidumbre, nuevos mercados y oportunidades de innovación, al tiempo que la sociedad obtiene beneficios concretos de esas inversiones.
Y aquí se observa la importancia del Plan México. Es necesario organizar la acción gubernamental alrededor de grandes misiones nacionales: fortalecer la capacidad productiva del país, garantizar la seguridad hídrica, alcanzar la soberanía en salud, acelerar la transición hacia energías limpias y consolidar la soberanía alimentaria. Estas metas trascienden la actuación de una sola dependencia gubernamental; requieren coordinación institucional, financiamiento adecuado y una visión de largo plazo.
Quizá una de las aportaciones más valiosas de Mazzucato para México sea recordar que el gasto público no debe entenderse exclusivamente como un costo. Cuando se invierte estratégicamente en infraestructura, innovación, educación, investigación o desarrollo tecnológico, esa inversión incrementa la productividad futura, fortalece la base tributaria y genera nuevas oportunidades para la inversión privada. En consecuencia, la responsabilidad fiscal no debe medirse únicamente por la reducción del déficit, sino también por la capacidad del Estado para construir activos que impulsen el crecimiento futuro.
Además, se debe fortalecer la banca de desarrollo y utilizar las compras públicas como instrumentos para impulsar proveedores nacionales, innovación tecnológica y cadenas de valor más sólidas. El Estado mexicano es uno de los principales compradores del país; utilizar estratégicamente ese poder de compra puede convertirse en un motor para el desarrollo industrial y tecnológico nacional.
También es fundamental insistir en que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera más equitativa. Cuando el Estado apoya a empresas mediante financiamiento, infraestructura o incentivos, también puede establecer compromisos recíprocos en materia de inversión, generación de empleos, innovación, capacitación o fortalecimiento de proveedores nacionales. No se trata de obstaculizar la actividad empresarial, sino de asegurar que el esfuerzo público genere también valor público.
Para México, esta propuesta adquiere especial importancia ante las oportunidades derivadas del nearshoring, de la integración económica de América del Norte y de la creciente reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Aprovechar este momento histórico exige algo más que atraer inversiones: requiere desarrollar capacidades nacionales, impulsar a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer la investigación científica y reducir las profundas brechas regionales que aún existen.
En ese sentido, debemos a pensar el desarrollo desde una perspectiva más ambiciosa. No basta con administrar la economía; es necesario construir una estrategia nacional capaz de orientar las inversiones hacia objetivos compartidos que generen prosperidad para toda la población.
México cuenta hoy con fortalezas importantes: estabilidad macroeconómica, finanzas públicas responsables, una ubicación geográfica privilegiada, una amplia red de tratados comerciales y un mercado interno fortalecido por la recuperación del poder adquisitivo de millones de trabajadores. El reto consiste ahora en convertir esas fortalezas en una plataforma para impulsar innovación, productividad y bienestar de largo plazo.
En suma, necesitamos profundizar el debate público mexicano. Necesitamos tener en claro que el desarrollo económico requiere dirección estratégica, instituciones capaces y una visión de largo plazo. El verdadero éxito del Plan México no dependerá únicamente de cuánto crezca la economía, sino de si ese crecimiento logra traducirse en mejores empleos, mayor productividad, menor desigualdad y oportunidades para todas las regiones del país. La verdadera transformación de México consiste en alcanzar la prosperidad compartida.
