La corrupción es una práctica que debilita las instituciones, desvía recursos que deberían destinarse al bienestar de la población, aumenta la desigualdad y erosiona la confianza de la ciudadanía en el Estado. Cuando además los actos de corrupción quedan sin castigo, el daño se multiplica, porque la impunidad transmite la idea de que utilizar el poder público para obtener beneficios privados puede no tener consecuencias. Por ello, el combate a la corrupción y a la impunidad debe convertirse en una responsabilidad cotidiana de todas las personas servidoras públicas.
México ha dado pasos importantes para colocar la honestidad, la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos en el centro de la vida gubernamental, pero se requiere reformar las instituciones encargadas de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción cuando sus resultados no son suficientes.
Los datos muestran la dimensión del desafío. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI señala que 84.1 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes y que 15.6 por ciento de quienes tuvieron contacto con autoridades durante 2025 experimentaron algún acto de corrupción[i]. La percepción ciudadana, por supuesto, no significa que todas las instituciones ni todas las personas servidoras públicas actúen de manera irregular, pero sí se requiere recuperar plenamente la confianza pública, con instituciones que produzcan resultados verificables.
En ese contexto resulta especialmente relevante el paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción que la presidenta Claudia Sheinbaum está por presentar ante el Congreso de la Unión para fortalecer las herramientas anticorrupción y la participación de la ciudadanía, bajo un principio de cero tolerancia frente a estas conductas.
La propuesta plantea modificar 19 leyes y expedir dos nuevas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, fiscalización y sanción, así como modernizar los procedimientos administrativos e incorporar nuevas herramientas tecnológicas que permitan detectar irregularidades oportunamente, mediante los siguientes elementos:
- Enfoque preventivo. El mejor acto de combate a la corrupción no es aquel que logra castigarse años después, cuando los recursos fueron desviados y el daño ya está hecho, sino aquel que las instituciones consiguen impedir. Digitalizar trámites, disminuir espacios de discrecionalidad, transparentar contrataciones, hacer públicos los procesos de decisión y utilizar sistemas tecnológicos capaces de detectar patrones atípicos en el ejercicio del gasto pueden convertirse en instrumentos extraordinariamente eficaces.
- Fortalecimiento de la fiscalización. Los controles sobre el ejercicio y seguimiento a los recursos públicos deben ser más eficientes y se requiere ampliar las obligaciones de transparencia, modernizar las contrataciones gubernamentales y regular las actividades de cabildeo. La interlocución entre autoridades, empresas, organizaciones sociales y distintos grupos de interés es legítima en una democracia, pero nunca debe hacerse en la oscuridad.
- Nuevo sistema de seguridad pública. La ciudadanía tiene el legítimo reclamo de un sistema de administración de justicia que funcione. Debemos prevenir la corrupción, detectar las irregularidades, investigarlas profesionalmente, llevar ante los tribunales los casos que correspondan, imponer sanciones y recuperar los recursos públicos desviados. Si alguno de esos eslabones falla, todo el sistema pierde eficacia.
El paquete presidencial puede ser complementado con otras reformas impulsadas desde el Congreso, entre ellas:
- El fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción. No basta con que una auditoría encuentre irregularidades o que un órgano interno de control advierta posibles responsabilidades si, cuando existen elementos que pudieran constituir un delito, la investigación penal se paraliza durante años o nunca llega ante un juez. En 2022, por ejemplo, apenas 0.2 por ciento de las investigaciones iniciadas por fiscalías anticorrupción estatales terminó en una sentencia, lo que deja ver la necesidad de revisar seriamente el modelo. Por ello se propone fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y dotarla de autonomía técnica y operativa, recursos suficientes, personal profesionalizado y mecanismos de evaluación. También se necesitan equipos multidisciplinarios para reconstruir operaciones patrimoniales complejas, seguir el rastro del dinero y detectar redes de beneficiarios.
- Mejor coordinación con las entidades federativas. Buena parte del gasto público y de las decisiones que afectan directamente a la ciudadanía se ejerce en los estados y municipios. Las fiscalías anticorrupción locales necesitan independencia respecto de intereses coyunturales, presupuestos suficientes, personal especializado y condiciones institucionales que les permitan investigar sin importar el partido político, cargo o grupo económico al que pertenezca la persona involucrada. Es indispensable revisar la coordinación entre autoridades federales y locales, armonizar capacidades mínimas de fiscalización e investigación y establecer indicadores públicos sobre las denuncias ciudadanas y su desenlace.
- Fortalecimiento del servicio público. Es necesario que quien administra un programa social, adjudica un contrato, supervisa una obra, autoriza un permiso, ejerce presupuesto, investiga un delito o aprueba una ley tiene una responsabilidad particular en la protección del patrimonio colectivo. El servicio público no concede privilegios. Impone obligaciones.
- Reconfiguración de la política social. Combatir la corrupción es también una política social, pues cada peso que se pierde es un peso que deja de invertirse en escuelas, hospitales, agua, vivienda, seguridad, infraestructura o programas para quienes más los necesitan.
Por eso las iniciativas que discutiremos en los próximos meses deben verse como partes de una misma política de Estado. El paquete anunciado por la presidenta puede fortalecer la prevención, la transparencia, la digitalización, la fiscalización y las responsabilidades administrativas. La reforma de las fiscalías anticorrupción debe reforzar la investigación penal y combatir la impunidad. Los estados tienen que emprender su propia transformación institucional y los municipios deben incorporarse plenamente a este esfuerzo.
México necesita pasar de la indignación frente a la corrupción a una política institucional capaz de prevenirla y castigarla. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de construir un sistema en el que la tecnología reduzca la discrecionalidad, la transparencia permita vigilar el ejercicio del poder, las auditorías detecten oportunamente las irregularidades, las fiscalías investiguen profesionalmente y los tribunales sancionen a quienes hayan violado la ley. Quienes administran recursos públicos están obligados a rendir cuentas sobre cada decisión que toman. Esa debe ser una convicción compartida por toda persona servidora pública y uno de los compromisos centrales del Estado mexicano en los próximos años.
[i] https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/encig/ENCIG2025_CP.pdf
