La próxima semana, la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso el Paquete Económico 2027. Más que otra discusión presupuestaria, será una prueba sobre una contradicción que México lleva años posponiendo: queremos un Estado con más obligaciones, pero seguimos financiándolo con una de las recaudaciones más bajas de la OCDE. En 2024, los ingresos tributarios representaron apenas 18.3% del PIB, frente a 34.1% promedio de los países que conforman la organización. México ocupó el último lugar. Al mismo tiempo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 51.5% del PIB en julio. No estamos ante una crisis fiscal, pero el espacio se estrecha.
Las calificadoras ya lo están mirando. En mayo, S&P mantuvo el grado de inversión de México, pero cambió la perspectiva a negativa. Su argumento fue explícito: una consolidación fiscal demasiado lenta, combinada con bajo crecimiento y mayores apoyos a Pemex y CFE, podría elevar la deuda y la carga de intereses más rápido de lo previsto. El problema es que ajustar el déficit recortando inversión también puede deprimir el crecimiento y, con ello, la propia recaudación.
Ahí está el verdadero dilema. Banxico acaba de elevar su previsión de crecimiento para 2026 a 1.5%, después del rebote del segundo trimestre, pero para 2027 espera apenas 2%. Economistas de izquierda, como Gerardo Esquivel, lo resumieron hace tiempo de manera precisa: “la redistribución sin crecimiento no puede sostenerse indefinidamente”. Los avances redistributivos de la 4T requieren, precisamente para conservarse, una economía capaz de generar empleos, inversión y una base fiscal creciente.
La respuesta convencional ha sido pedir una “reforma fiscal”: recaudar más, gravar patrimonios, cerrar exenciones o ampliar bases. El Fondo Monterario Internacional recomienda movilizar ingresos adicionales y la OCDE identifica espacio en predial, impuestos ambientales y una base de IVA más amplia. México recauda apenas 0.18% del PIB mediante impuestos recurrentes a la propiedad, frente a 1.5% en la OCDE. Sin embaergo existe una paradoja, aunque la recaudación total es bajísima, la tasa corporativa mexicana (ISR) es 30%, elevada en comparación internacional. El problema no es simplemente que las tasas sean demasiado bajas; son también la informalidad, bases estrechas y una estructura que descansa excesivamente sobre ciertos contribuyentes y actividades.
Mientras México discute cómo recaudar más, otros países latinoamericanos ensayan las otras reformas fiscales. José Antonio Kast acaba de impulsar en Chile una reducción gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, reintegración del sistema tributario y estímulos al empleo. Su apuesta es inequívocamente del lado de la oferta (supply-side). Esto significa sacrificar recaudación hoy para recuperar inversión, empleo y crecimiento mañana. El costo fiscal máximo estimado del paquete ronda 0.7% del PIB, precisamente la razón por la que sus críticos cuestionan su sostenibilidad y su efecto distributivo.
Colombia está explorando algo parecido. El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una reforma para simplificar radicalmente el sistema, eliminar el impuesto al patrimonio, reducir algunas cargas y atraer inversión, acompañándolo con austeridad y combate a la evasión. En Perú, Keiko Fujimori sigue una variante más moderada, centránsode en llevar el déficit hacia 1% del PIB en 2031, ampliar la base tributaria y simultáneamente eliminar cientos de trámites, reducir tiempos para aprobar inversiones y crear tratamientos favorables para pequeñas empresas y nuevos emprendimientos.
Son reformas de derecha en su filosofía. Desde la izquierda es fácil resumirlas como “bajar impuestos a los ricos”, y distributivamente parte de la crítica es correcta, ya que reducir impuestos corporativos o patrimoniales beneficia inicialmente a los propietarios del capital. Sin embargo, su argumento económico es abaratar la inversión para ampliar después la economía sobre la cual se cobran impuestos. Esto tampoco es una fórmula mágica. Si el crecimiento prometido no llega y la reducción tributaria no se compensa con menor gasto o bases más amplias, el resultado es simplemente más deuda. Pero, si logran detonar crecimiento económico, lograrán recaudar mucho más y habrán sido exitosos en ese aspecto.
México enfrenta el espejo contrario. El gobierno quiere preservar programas sociales, inversión pública y apoyo a Pemex mientras trata, penosamente, de consolidar las finanzas, pero sigue evitando una reforma fiscal integral y apuesta principalmente por combatir evasión, contrabando y privilegios. El Paquete 2027 profundizará, por ejemplo, la trazabilidad del IEPS. Pero la administración tributaria también tiene rendimientos decrecientes: no se puede recaudar indefinidamente más de una economía que crece 1% anual.
Quizá México no necesite escoger entre la reforma fiscal de izquierda y la de derecha. Necesita una reforma pragmática, ampliar bases, fortalecer el predial, eliminar exenciones regresivas y combatir evasión, pero también reducir cargas marginales que penalizan inversión, permitir depreciación acelerada de nueva maquinaria y mover parte de la carga desde la producción hacia propiedad, externalidades y rentas menos móviles.
El objetivo no debería ser recaudar más por recaudar ni bajar impuestos por ideología. Debería ser recaudar mejor para crecer más. Porque sin crecimiento, tarde o temprano, tampoco habrá Estado de bienestar que financiar.
Ya veremos si esa variable estará considerada en el Paquete Económico 2027.
