Mariana Mazzucato es una de las economistas más influyentes. Profesora-investigadora en la University College London, alcanzó fama al cuestionar la idea de que el Estado sólo debe corregir fallas del mercado. En libros como El Estado emprendedor ha mostrado que tecnologías que asociamos con empresas privadas (desde internet hasta componentes del teléfono inteligente) fueron posibles gracias a inversión pública, investigación y compras gubernamentales. Su argumento es sencillo: el Estado también puede crear mercados, orientar la innovación y asumir riesgos que las empresas no tomarían solas.
Ahora Mazzucato trabaja sobre el Plan México. En su reporte propone reorganizar la estrategia alrededor de “misiones”: objetivos como seguridad hídrica, soberanía sanitaria, energía limpia, producción nacional y seguridad alimentaria. Para alcanzarlos recomienda coordinar Hacienda, secretarías, banca de desarrollo, empresas públicas, reguladores y gobiernos locales; proteger la inversión pública, usar las compras gubernamentales para desarrollar proveedores y exigir compromisos a las empresas beneficiadas. La idea de fondo es que cada peso público no sólo compre una obra o un medicamento, sino que construya capacidades productivas, tecnología y empleos mejor pagados.
La propuesta recuerda, inevitablemente, a China. El ascenso chino no fue producto exclusivo del libre mercado ni de una oficina central que adivinó correctamente el futuro. Beijing fijó prioridades, financió infraestructura, orientó crédito y protegió sectores estratégicos; pero también permitió experimentos en provincias, atrajo capital extranjero, sometió a sus empresas a la competencia exportadora y construyó ingenieros, proveedores, puertos, universidades y bancos capaces de ejecutar la estrategia. El Estado chino no se limitó a anunciar misiones: desarrolló los músculos administrativos, financieros y tecnológicos necesarios para cumplirlas. Sus planes siguen combinando innovación, demostración de tecnologías, formación de talento, creación de demanda y adaptación regional.
La OCDE comparte parte de esta visión, aunque es más prudente. Considera que una misión debe ser concreta, medible, ambiciosa y limitada en el tiempo. También advierte que muchas experiencias internacionales tienen metas vagas, insuficiente financiamiento y poca capacidad para administrar portafolios complejos. Las misiones pueden convertirse en nuevos nombres para viejos programas o en plataformas de coordinación sin autoridad real. La organización insiste en que necesitan recursos multianuales, equipos profesionales, evaluación continua y participación privada. No basta con reunir secretarios alrededor de una mesa y publicar un tablero de indicadores.
Ahí aparece el principal problema para México. Mazzucato ofrece una arquitectura sofisticada para un Estado que todavía no existe. Nuestro gobierno puede definir objetivos, pero tiene dificultades para ejecutar proyectos a tiempo, mantener infraestructura, coordinar niveles de gobierno y conservar funcionarios especializados. Crear consejos de misión no elimina presupuestos rígidos, sistemas informáticos incompatibles, rotación de personal, municipios débiles ni responsabilidades fragmentadas. Existe el peligro de añadir una burocracia encargada de coordinar a otras burocracias, sin poder para resolver los cuellos de botella.
También está la restricción fiscal. Es correcto afirmar que una buena inversión pública puede generar crecimiento y ampliar la recaudación futura. Pero no todo lo etiquetado como inversión crea productividad. México carga con mayores pensiones, intereses, necesidades sociales y riesgos vinculados a Pemex. Antes de proteger proyectos mediante una regla especial habría que demostrar su rentabilidad social, estimar sus costos de operación, publicar sus pasivos y establecer mecanismos para cancelarlos cuando fracasen. Reconocer contablemente a una planta como activo no genera por sí mismo los recursos para pagar la deuda con que se pagó.
El reporte tampoco coloca suficiente atención en las fallas del gobierno. Crédito preferente, contratos públicos, permisos acelerados y requisitos de contenido nacional pueden impulsar nuevas industrias, pero también alimentar empresas protegidas, corrupción y búsqueda de rentas. La pregunta neo-liberal no se centraría en si existen fallas de mercado (claramente existen), sino si el gobierno posee mejor información e incentivos para corregirlas. Toda ayuda debería ser temporal, competitiva, transparente y condicionada a productividad, inversión, exportaciones o innovación. Experimentar implica aceptar fracasos; gobernar responsablemente implica saber cuándo dejar de financiarlos. China lo hizo justamente así.
A ello se suma la geopolítica. México no es una economía continental autónoma, su plataforma industrial depende de Estados Unidos, Canadá y las reglas del T-MEC. Una política de soberanía mal entendida podría elevar costos, violar compromisos o provocar fricciones con nuestro principal mercado. La misión correcta no es producir todo dentro del país, sino capturar más ingeniería, conocimiento, proveeduría y tecnología dentro de las cadenas norteamericanas, al tiempo que reducimos vulnerabilidades estratégicas. Las economías asiáticas construyeron un mercado interno fuerte utilizando al mercado exportador como palanca del desarrollo. Si nosotros perdemos acceso al principal mercado exportador que tenemos, quedaremos en un estado de vulnerabilidad mayor incluso que el que teníamos antes de la apertura comercial.
Finalmente, ninguna misión productiva prosperará donde las empresas pagan extorsiones, no encuentran electricidad, carecen de técnicos o no pueden hacer cumplir un contrato. Seguridad, Estado de derecho, educación, formalización, competencia y capacidad municipal no son asuntos secundarios: son los cimientos. Mazzucato ofrece a México una buena arquitectura de segundo piso. Antes de habitarla, el país debe reforzar el primer piso institucional, fiscal y productivo. De otro modo, las misiones pueden terminar como tantas estrategias nacionales: impecables en el papel, pero incapaces de cambiar la realidad del país.
