La energía ha dejado de ser un asunto exclusivamente sectorial y se ha convertido en una condición para el crecimiento de México. Atraer nuevas inversiones, desarrollar polos industriales, ampliar la infraestructura digital y aprovechar la relocalización de cadenas productivas dependerá de contar con energía suficiente, confiable, competitiva y limpia.
La magnitud del reto es considerable. El Programa Institucional del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reporta que en 2025 la capacidad instalada de generación se incrementó 25.9% respecto de 2018. Sin embargo, el crecimiento productivo y la llegada de nuevos grandes consumidores también están elevando la demanda del Sistema Eléctrico Nacional.
Los centros de datos que se desarrollarán en Querétaro son un buen ejemplo. Si bien el suministro eléctrico para su primera fase está garantizado, las etapas subsecuentes requerirán infraestructura adicional. El caso muestra algo que será cada vez más frecuente: la disponibilidad de energía y la capacidad de las redes pueden determinar dónde y cuándo se concreta una inversión.
México ha respondido con una transformación profunda de su política energética. La reforma constitucional y las leyes secundarias de 2025 fortalecieron la rectoría y la planeación del Estado y redefinieron los espacios de participación pública y privada.
Pero modificar las reglas no resuelve por sí mismo las necesidades del sistema. El verdadero desafío comienza ahora: traducir el nuevo marco jurídico en generación, transmisión y distribución suficientes. Una buena planeación que no se acompaña de inversión y capacidad de ejecución corre el riesgo de quedarse corta frente al crecimiento de la demanda.
Hacia 2030 se prevé incorporar nueva capacidad de generación eléctrica, con una inversión cercana a 740 mil millones de pesos, mientras que la CFE ha anunciado inversiones por 8,177 millones de dólares para fortalecer la Red Nacional de Transmisión. Son inversiones indispensables, porque no basta con generar más electricidad si ésta no puede llegar de manera suficiente y oportuna a los lugares donde será consumida.
El Paquete Económico 2027 permite empezar a dimensionar cómo se traducirán estas prioridades en recursos. El Proyecto de Presupuesto plantea más de 1.02 billones de pesos de inversión física, 3.5% más en términos reales que lo aprobado para 2026. Dentro de los proyectos de infraestructura, el rubro de energías y sustentabilidad concentra alrededor de 334 mil millones de pesos, destinados a proyectos relacionados con el abasto de energía, el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y la sustentabilidad.
A ello se suma otra vulnerabilidad que México no puede ignorar. Nuestro país importa alrededor del 75% del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, y cerca del 70% de la generación eléctrica depende de este combustible. El gas seguirá siendo fundamental para la industria y para respaldar al sistema mientras avanzan las renovables, pero una dependencia externa de esta magnitud constituye un riesgo.
La vulnerabilidad es mayor si consideramos que México cuenta con una capacidad de almacenamiento de gas equivalente a cerca de dos días de consumo. Una interrupción del suministro, una contingencia internacional o un episodio climático extremo puede tener efectos sobre actividades productivas esenciales. Fortalecer la seguridad energética exige ampliar la infraestructura de transporte y almacenamiento y, al mismo tiempo, discutir con seriedad las alternativas para fortalecer la producción nacional.
Esa discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de aprovechar nuevos recursos. México debe evaluar con rigor científico, económico, ambiental y social las posibilidades existentes. Reducir nuestra vulnerabilidad energética es necesario, pero cualquier decisión debe reconocer también los costos ambientales y los derechos de las comunidades.
El desafío es especialmente relevante para el Plan México. Sus objetivos de atraer inversión, elevar el contenido nacional, fortalecer cadenas productivas y desarrollar nuevos polos industriales difícilmente podrán alcanzarse si la disponibilidad de energía se convierte en un cuello de botella. La política industrial y la política energética no pueden avanzar por caminos separados.
El propio Paquete Económico 2027 reconoce esta relación. Los Criterios Generales de Política Económica plantean que el Plan México fortalecerá las capacidades productivas mediante, entre otros instrumentos, los planes energéticos e hídricos, los incentivos fiscales, el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo. Es una señal importante+, la infraestructura energética ya no aparece solamente como una política sectorial, sino como parte de la estrategia para ampliar la capacidad productiva del país.
El Istmo de Tehuantepec y los Polos de Desarrollo para el Bienestar son un ejemplo. Atraer empresas y desarrollar nuevas actividades industriales requiere algo más que incentivos y ubicación estratégica. Requiere garantizar que exista electricidad, gas e infraestructura suficiente para sostenerlas. Lo mismo ocurrirá con los centros de datos, los parques industriales y las nuevas inversiones manufactureras que busquemos atraer.
Por eso, el reto ya no está solamente en anunciar capacidad de generación o proyectos de transmisión. Está en ejecutarlos a tiempo. Entre las metas de planeación y la entrada en operación de la infraestructura pueden existir brechas importantes y los retrasos tienen costos concretos: inversiones que no llegan, proyectos que se posponen y regiones que pierden oportunidades de desarrollo.
La presentación del Paquete Económico 2027 constituye, en este sentido, una primera prueba. El presupuesto reconoce a la soberanía energética como una prioridad y plantea que la inversión física se articule con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla recursos públicos y mixtos en sectores estratégicos, entre ellos la energía.
Los recursos propuestos son una señal positiva, pero el presupuesto es apenas el punto de partida. El desafío será asegurar que las asignaciones se conviertan efectivamente en infraestructura y que ésta entre en operación al ritmo que requiere la expansión productiva. En materia energética, tan importante como cuánto se presupuesta es dónde se invierte, cuándo se ejecuta y qué capacidad adicional genera.
También tendremos que mejorar la coordinación entre la política energética y la política industrial. No tendría sentido promover polos de desarrollo o atraer inversiones intensivas en electricidad hacia regiones donde las redes no pueden atender oportunamente la nueva demanda. La planeación energética debe anticiparse a las decisiones de inversión, no reaccionar cuando los cuellos de botella ya existen.
El desafío energético no consiste en escoger entre Estado y mercado, ni entre crecimiento y transición energética. México necesita empresas públicas sólidas, inversión privada complementaria, reglas claras e infraestructura moderna. Pero, sobre todo, necesita pasar de los anuncios a la ejecución.
Ahora que el Paquete Económico 2027 ha sido presentado, corresponde revisar si la distribución de los recursos es congruente con las necesidades energéticas y productivas del país y, posteriormente, vigilar que cada peso destinado a ampliar nuestra infraestructura se traduzca en resultados.
Si queremos que el Plan México se convierta en una verdadera estrategia de desarrollo, la energía tendrá que ser uno de sus pilares. México tiene frente a sí una oportunidad importante, pero aprovecharla exige infraestructura, recursos, coordinación y capacidad de ejecución. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, difícilmente habrá política industrial capaz de sostenerse.
