Ayer, 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2027. Con ello comienza una de las discusiones más importantes del año legislativo, porque detrás de las cifras del presupuesto se encuentran decisiones que inciden directamente en la vida de las personas y en el rumbo económico del país.
El punto de partida es una economía que mantiene estabilidad, pero que enfrenta un entorno internacional complejo y un margen fiscal que obliga a administrar los recursos con responsabilidad. Para 2027 se propone un gasto total cercano a 10.6 billones de pesos, 1.1% mayor en términos reales al aprobado para este año. Es un incremento moderado que busca mantener una conducción responsable de las finanzas públicas sin renunciar a las prioridades sociales ni a la inversión que México necesita para crecer.
Esta lógica se observa en la propia estructura del gasto. Mientras el conjunto de los ramos administrativos disminuye 3.2% en términos reales, áreas fundamentales como salud, educación e infraestructura reciben mayores recursos. El Poder Legislativo también participa de este esfuerzo, con una reducción real de 0.9% en su presupuesto. La austeridad cobra sentido cuando permite administrar mejor los recursos públicos y dirigirlos hacia donde más se necesitan.
Uno de los ejemplos más claros está en la salud, cuyos recursos superarán 1.1 billones de pesos, con un incremento de 10.9% real respecto de 2026. Además de aumentar el presupuesto, se plantea aprovechar mejor la infraestructura existente mediante el intercambio de servicios entre las instituciones públicas de salud y más que duplicar el número de unidades y establecimientos participantes.
El presupuesto mantiene también el compromiso con los programas sociales. Los programas prioritarios concentran más de un billón de pesos, de los cuales más de 543 mil millones corresponden a la Pensión para Adultos Mayores y más de 190 mil millones a las becas Benito Juárez, además de los recursos destinados a la Pensión Mujeres Bienestar, las personas con discapacidad y otros programas prioritarios.
Proteger el bienestar presente debe ir acompañado de una apuesta por el crecimiento. Para 2027, la inversión física supera el billón de pesos y aumenta 3.5% real, con recursos para ampliar y modernizar carreteras, trenes, obras hidráulicas, energéticas, hospitalarias y educativas. Estas inversiones permiten conectar regiones, reducir costos y generar mejores condiciones para atraer inversión y fortalecer la actividad productiva.
Es aquí donde el presupuesto se vincula directamente con una de las principales apuestas económicas de esta administración, el Plan México. Una política industrial moderna requiere energía suficiente y confiable, agua, transporte, infraestructura logística, financiamiento y capital humano. El objetivo debe ser que la inversión pública movilice también inversión privada, fortalezca proveedores nacionales, desarrolle regiones históricamente rezagadas y genere empleos de mayor calidad, aprovechando las capacidades del Estado para acompañar y potenciar la actividad productiva.
Para sostener estas prioridades también se necesitan ingresos. En 2027 se estiman ingresos presupuestarios por 9.16 billones de pesos, en un contexto en el que los ingresos no petroleros continúan creciendo mientras los petroleros disminuyen 14.4% real. Los ingresos tributarios alcanzarían 6.26 billones de pesos, 5.9% más que el cierre estimado para 2026, consolidando unas finanzas públicas cada vez menos dependientes de los ingresos petroleros.
La propuesta busca fortalecer este proceso mediante una mayor fiscalización, el combate a la evasión y el cierre de espacios de elusión, sin recurrir a un incremento generalizado de las tasas impositivas.
Este esfuerzo debe acompañarse de mejores condiciones para quienes producen, invierten y generan empleo. Por ello son relevantes las medidas para facilitar el cumplimiento fiscal de las micro y pequeñas empresas, ampliar los límites de ingresos para acceder a esquemas simplificados y favorecer nuevas inversiones mediante mayores tasas de depreciación, así como el esquema de repatriación de capitales condicionado a que los recursos que regresen al país se destinen a actividades productivas. Recaudar mejor y facilitar el cumplimiento son dos partes de una misma estrategia para construir una economía más formal, competitiva y justa.
La agenda presentada por el Ejecutivo fue más amplia que el propio Paquete Económico. Se presentaron también tres iniciativas que, aunque no forman parte formalmente del paquete, complementan sus objetivos económicos. La reforma a la Ley Aduanera busca combatir la subvaluación y fortalecer la producción nacional, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos pretende ampliar la inclusión financiera y facilitar la formalización, y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca modernizar los catastros y fortalecer las capacidades de estados y municipios. A ellas se espera que se sume una cuarta iniciativa orientada a fortalecer y facilitar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En conjunto, estas propuestas buscan generar mejores condiciones para la inversión, la formalización y el desarrollo económico.
El presupuesto no resuelve por sí solo todos los desafíos que enfrenta México. Será necesario seguir impulsando la inversión pública y privada, elevar la productividad y generar empleos mejor remunerados, manteniendo finanzas públicas sostenibles. Esa será parte de la discusión en la Cámara de Diputados, donde tendremos la responsabilidad de fortalecer una propuesta que busca combinar responsabilidad fiscal, bienestar e inversión para avanzar hacia una prosperidad compartida.
