Durante mucho tiempo la extorsión fue entendida principalmente como un problema de seguridad pública, asociado con llamadas telefónicas, amenazas y cobros ilegales a comerciantes. Hoy estamos frente a un fenómeno que afecta simultáneamente la seguridad de las personas, la actividad de las empresas, el desarrollo de las regiones, la producción agropecuaria y las propias finanzas públicas. Por eso, enfrentarlo requiere utilizar todas las capacidades legítimas del Estado y colocar el combate a la impunidad en el centro de la estrategia.
Un problema adicional es el altísimo nivel de impunidad, pues cerca del 97 por ciento de las extorsión no son denunciadas; es decir, al no llegar al sistema de procuración de justicia, la mayoría de estos actos delictivos no son persegiudos. La distancia entre lo que ocurre en las calles, los negocios, los hogares o las comunidades rurales y lo que finalmente conocen las autoridades constituye uno de nuestros principales desafíos institucionales, porque aquello que no se denuncia difícilmente puede investigarse y, cuando no existe investigación, prevalece la impunidad.
Este fenómeno tiene además una dimensión económica que se debe observar con mucho mayor detenimiento. Durante 2024, el costo de la inseguridad y el delito para los hogares mexicanos ascendió aproximadamente a 269 mil 600 millones de pesos, mientras que las familias destinaron cerca de 91 mil 800 millones de pesos a medidas de protección y prevención. Si bien estas cifras comprenden diversos delitos y no exclusivamente la extorsión, permiten entender el enorme volumen de recursos que la inseguridad sustrae cada año del consumo, del ahorro y de las posibilidades de inversión y bienestar de las familias mexicanas.
La extorsión tiene una característica especialmente perversa porque funciona, en los hechos, como un impuesto criminal. Son recursos que salen de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios, transportistas y productores, pero que no ingresan a las finanzas públicas ni regresan a la sociedad mediante escuelas, hospitales, carreteras, vivienda, seguridad o programas sociales. El dinero que tendría que permanecer en la economía formal o incorporarse legalmente a los ingresos públicos termina fortaleciendo estructuras criminales que utilizan una parte de esos mismos recursos para ampliar su capacidad de intimidación y control territorial.
Esta realidad también debe comenzar a analizarse desde la perspectiva de los ingresos públicos. Cuando un establecimiento reduce sus operaciones, un productor abandona una actividad, una empresa decide no invertir o un pequeño negocio se desplaza hacia la informalidad y, por ello, como consecuencia de la extorsión, el Estado también pierde capacidad recaudatoria. El llamado impuesto criminal no sólo despoja a la víctima directa, sino que erosiona la base económica sobre la cual se financian las políticas públicas y debilita las posibilidades del Estado para generar bienestar.
La afectación puede extenderse incluso a la obra pública y a los proyectos prioritarios de desarrollo. Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas constructoras enfrentan cobros ilegales, los costos pueden incorporarse progresivamente a las cadenas productivas. En consecuencia, la extorsión puede terminar encareciendo infraestructura y construcción de vivienda para el bienestar, reduciendo la capacidad de los recursos públicos para alcanzar a un mayor número de personas y generando distorsiones que finalmente termina pagando toda la sociedad.
Por ello, combatir la extorsión también significa defender el presupuesto público, cuidar la inversión y proteger la capacidad del Estado para cumplir sus objetivos sociales. Una política comprometida con la reducción de las desigualdades no puede permanecer indiferente ante un fenómeno que extrae recursos a quienes trabajan y producen y que, en muchas ocasiones, golpea con mayor fuerza a quienes cuentan con menos posibilidades para protegerse.
Frente a un problema de esta naturaleza, la respuesta debe ser integral. Es necesario continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, aprovechando el impulso de la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Las organizaciones criminales no reconocen fronteras administrativas y, por tanto, ninguna autoridad puede enfrentar por sí sola las estructuras que operan entre municipios, entidades o regiones completas.
Necesitamos policías con mayores capacidades de investigación, ministerios públicos especializados, inteligencia financiera, herramientas tecnológicas y sistemas que permitan identificar patrones territoriales, cuentas bancarias, números telefónicos y estructuras de cobro. El objetivo no puede limitarse a responder a cada denuncia de manera individual, sino que debemos utilizar esa información para identificar y desarticular organizaciones completas, seguir sus recursos y detener a quienes se benefician de estas actividades.
Al mismo tiempo, combatir la extorsión exige investigar con absoluto rigor cualquier posible red de corrupción, protección o tolerancia institucional que pudiera favorecer su permanencia. No sería responsable realizar acusaciones generales contra servidores públicos o instituciones sin elementos de prueba, pero tampoco sería aceptable ignorar la posibilidad de que algunas organizaciones criminales hayan logrado consolidarse aprovechando actos de corrupción, omisiones deliberadas o mecanismos de protección.
La sociedad civil y los sectores productivos tienen una función indispensable en la lucha contra la extorsión. Las cámaras empresariales, asociaciones de comerciantes, organizaciones de productores, universidades y organizaciones sociales pueden contribuir a detectar patrones, identificar zonas de riesgo y transmitir información relevante a las instituciones. La autoridad, por su parte, debe garantizar que esa colaboración se produzca dentro de mecanismos seguros, transparentes y eficaces.
El combate a la extorsión no puede reducirse únicamente al incremento de penas ni descansar exclusivamente en las fuerzas de seguridad. Se requiere fortalecer las instituciones, profesionalizar la investigación, seguir el dinero, reducir los espacios de corrupción y construir una relación de confianza con la ciudadanía. Sobre todo, debemos garantizar que no exista impunidad para quien extorsiona ni para quien desde una posición pública facilite, proteja o tolere esas conductas.
La transformación de la vida pública también implica construir un Estado capaz de proteger a quienes trabajan honestamente y de impedir que organizaciones criminales sustituyan ilegalmente las funciones de la autoridad. No podemos normalizar el cobro de piso ni aceptar que una parte de la economía nacional quede sometida a un impuesto criminal que despoja a las familias, encarece la producción, afecta los ingresos públicos y debilita las posibilidades de desarrollo.
Enfrentar este delito con todas las capacidades del Estado significa defender la seguridad, pero también proteger la economía y el bienestar, asegurar los recursos presupuestales para que se construyan más infraestructura y vivienda, que los productores rurales puedan comercializar sus bienes sin amenazas y que ninguna red de corrupción se encuentre por encima de la ley. Ésa debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, pero corresponde al Estado encabezarla con firmeza, inteligencia y absoluto compromiso contra la impunidad.
