México y Estados Unidos comparten una de las relaciones bilaterales más complejas e intensas del mundo. Nuestra vecindad, los millones de personas que cruzan legalmente la frontera, el comercio, las inversiones, las cadenas productivas y los vínculos familiares hacen imposible pensar el futuro de cualquiera de los dos países sin considerar al otro. Lo mismo ocurre en materia de seguridad.
Desde hace mucho tiempo, el crimen organizado dejó de respetar fronteras. El tráfico de drogas y de armas, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos cibernéticos y las redes financieras criminales son fenómenos transnacionales. Frente a organizaciones que actúan simultáneamente en distintos países, pretender que cada Estado puede combatirlas de manera aislada es insuficiente; esa política puede, incluso favorecer a los delincuentes.
Por eso México debe profundizar su cooperación en materia de seguridad e inteligencia con Estados Unidos y, desde luego, con todas aquellas naciones con las que compartimos amenazas y desafíos. Pero esa cooperación debe realizarse con pleno respeto a nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra soberanía nacional.
México necesita cooperación y también el respeto a su soberanía. En realidad, esta postura ha orientado los mecanismos de entendimiento entre ambos países, bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y coordinación entre instituciones. La propia política exterior mexicana ha insistido en tener cooperación sin subordinación.
Independientemente de las filiaciones políticas, al Estado mexicano le corresponde investigar a fondo. Si las autoridades estadounidenses cuentan con información, documentos, testimonios o elementos de inteligencia que puedan acreditar la posible comisión de delitos en nuestro país, éstos deben ser compartidos por los canales institucionales correspondientes y analizados por las autoridades mexicanas. Y si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos penales, administrativos o financieros, deben realizarse hasta sus últimas consecuencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que el Gobierno de México no protegerá a nadie que haya cometido un delito. Al mismo tiempo, ha sostenido que cualquier actuación debe sustentarse en pruebas y sujetarse al orden jurídico mexicano. Es decir, ni protección política ni condenas anticipadas; ni impunidad ni subordinación.
No puede existir un manto de protección para nadie por su militancia partidista, su cargo, sus relaciones políticas o su cercanía con cualquier grupo de poder. La transformación de la vida pública pierde sentido si alguna persona puede colocarse por encima de la ley. Pero exactamente por la misma razón tampoco podemos aceptar que desde el extranjero se determine quién es culpable en México sin que intervengan nuestras instituciones y se respeten el debido proceso y las garantías constitucionales.
Algo semejante debe decirse sobre las revocaciones de visas estadounidenses a políticos mexicanos. Una decisión migratoria no es una sentencia penal ni debe ser utilizada utilizarla automáticamente para descalificar a una persona.
Cada Estado tiene la facultad de establecer sus políticas migratorias y decidir, conforme a su legislación, a quién autoriza la entrada a su territorio. México ejerce esa misma potestad. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una determinación particular, pero la cancelación de una visa no constituye por sí misma prueba de la comisión de un delito. Si alguna autoridad extranjera dispone de elementos que acrediten conductas ilícitas cometidas en México, lo procedente es compartirlos institucionalmente para que sean valorados por las autoridades competentes.
Precisamente por ello debemos construir una nueva etapa de cooperación bilateral mucho más institucionalizada. México y Estados Unidos necesitan fortalecer el intercambio de inteligencia sobre organizaciones criminales, redes financieras, tráfico de armas, producción y distribución de drogas sintéticas, precursores químicos, trata de personas y ciberdelincuencia. La información debe llegar con mayor rapidez a las instituciones capaces de convertir inteligencia en investigaciones y, cuando corresponda, en pruebas jurídicamente utilizables ante los tribunales.
Tenemos que golpear al crimen organizado donde más le duele, en sus estructuras financieras. Una organización criminal puede sustituir operadores y sicarios, pero le resulta mucho más difícil sobrevivir cuando se identifican sus empresas fachada, cuentas bancarias, prestanombres, operaciones inmobiliarias, mecanismos de lavado de dinero y redes internacionales de financiamiento.
La cooperación también debe ser genuinamente recíproca. México debe seguir actuando contra la producción y tráfico de drogas, incluido el fentanilo, mientras Estados Unidos debe profundizar sus esfuerzos contra el tráfico ilícito de armas hacia nuestro territorio, las redes de distribución de drogas dentro de su propio país y los circuitos financieros que permiten convertir las ganancias criminales en recursos aparentemente legales.
Pero avanzar en estos terrenos no implica abrir la puerta a operaciones unilaterales de autoridades extranjeras en territorio mexicano. Nuestra legislación establece límites claros a los agentes extranjeros, que, por ejemplo, pueden realizar intercambio de información pero no aplicar operar de manera unilateral.
El Congreso, por su parte, tienen la responsabilidad de establecer mecanismos de supervisión que permitan evaluar resultados y garantizar que las instituciones actúen dentro de la ley. Seguridad, inteligencia, transparencia, derechos humanos y soberanía no son objetivos contradictorios, sino que todos forman parte de un sistema democrático.
No hay contradicción entre defender nuestra soberanía y cooperar con otros países. Por el contrario, la verdadera cooperación internacional sólo puede producirse entre Estados que se reconocen y respetan como iguales. México debe ser un socio confiable de Estados Unidos y de la comunidad internacional en el combate al crimen organizado. Debemos compartir inteligencia, perseguir estructuras financieras, fortalecer investigaciones conjuntas, mejorar los mecanismos de asistencia jurídica y evitar que las fronteras nacionales se conviertan en refugio para los delincuentes.
Debemos buscar toda la cooperación que permita proteger a nuestras sociedades; toda la información que ayude a combatir a los criminales; toda la coordinación necesaria para acabar con la corrupción y la impunidad. Pero bajo ninguna circunstancia podemos aceptar algún tipo de subordinación, intervención unilateral o actuación al margen de nuestra Constitución.
