Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha priorizado la riqueza y la lealtad como ejes fundamentales para integrar su gabinete y diversas posiciones de liderazgo gubernamental, marcando un hito sin precedentes en la política reciente de Estados Unidos.
Un análisis difundido este lunes por la organización Public Citizen y publicado por Associated Press, revela que la actual administración suma al menos 57 funcionarios con patrimonios que superan los 100 millones de dólares, cifra que cuadriplica de forma combinada los registros acumulados durante los mandatos de sus tres predecesores en el cargo.
El peso de las grandes fortunas resulta evidente al interior del gabinete presidencial, donde ocho de sus 23 integrantes cumplen con este perfil financiero, destacando figuras multimillonarias como el secretario del Tesoro, Howard Lutnick, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, además de otros altos mandos como el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, y la administradora de la Pequeña Empresa, Kelly Loeffler.
Para justificar estas designaciones, el propio mandatario —cuya riqueza personal rebasa los 6 mil millones de dólares según estimaciones de Forbes— ha defendido que el éxito económico refleja una capacidad superior de liderazgo ejecutivo y negociación, una postura respaldada por figuras como Elon Musk, quien ha colaborado estrechamente en tareas de reestructuración federal.
Sin embargo, esta marcada concentración de élites económicas en la administración pública genera cuestionamientos desde la sociedad civil, pues especialistas como Lisa Gilbert, copresidente de Public Citizen, advierten que la presencia masiva de ultrarricos en el poder genera incentivos perversos y pone en entredicho los verdaderos intereses que defiende el Estado.
En el plano político, esta inclinación hacia los sectores más privilegiados choca con la base electoral que impulsó el retorno de Trump a la Casa Blanca, compuesta en gran medida por ciudadanos de clase media y trabajadora seducidos por la promesa de abatir los costos cotidianos de vida.
Como consecuencia de este contraste, los índices de aprobación sobre la gestión económica del mandatario cayeron al 32% el mes pasado —por debajo del 40% inicial de su periodo—, un panorama adverso que complica las aspiraciones del Partido Republicano de conservar el control legislativo en los comicios de mitad de mandato previstos para noviembre.
