Brasil vuelve a las urnas este domingo 4 de octubre. Más de 150 millones de brasileños están llamados a elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. Formalmente hay varios candidatos a la Presidencia; políticamente, sin embargo, buena parte de la elección vuelve a organizarse alrededor de dos apellidos conocidos: Lula y Bolsonaro. Esta vez no será Jair, sino su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal, quien enfrente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las encuestas muestran una competencia cerrada y la posibilidad de que la definición se traslade a una segunda vuelta.
En apariencia, Brasil está repitiendo la elección de 2022. Pero existen diferencias importantes. Detrás de los nombres familiares hay dos propuestas distintas sobre cómo debe funcionar el Estado, cómo enfrentar al crimen organizado, qué hacer con la Amazonia y cómo insertar a la mayor economía de América Latina en un mundo cada vez más dividido geopolíticamente.
Lula propone profundizar el modelo que ha construido desde su regreso al poder en 2023: un Estado con mayor capacidad de planeación, inversión pública, política industrial y programas sociales. Su programa habla de “neoindustrialización”, control nacional de minerales críticos, infraestructura, innovación tecnológica y transición energética, acompañadas de una tributación más progresiva. Bolsa Família, el fortalecimiento del sistema público de salud y los programas educativos siguen siendo piezas centrales de esa arquitectura. Al mismo tiempo, promete mantener el actual marco fiscal para conciliar inversión social con control de las cuentas públicas.
La apuesta es esencialmente desarrollista, utilizar al Estado no solamente para redistribuir ingreso, sino para orientar la transformación productiva. El problema es cuánto Estado se necesita para acelerar el desarrollo sin terminar generando una estructura pública demasiado costosa, burocrática o fiscalmente insostenible, tomando en cuenta que hoy Brasil tiene una deuda pública mayor del 80% del PIB y déficits mayores al 7% del PIB.
Flávio Bolsonaro parte de un diagnóstico diferente. Su programa plantea reducir el tamaño de la administración federal, eliminar ministerios (estilo Milei), disminuir cargos y gasto administrativo, reducir impuestos, impulsar privatizaciones y simplificar regulaciones. Su idea de “más Brasil y menos Brasília” busca trasladar mayor protagonismo hacia empresas, familias, Estados y municipios. Frente al desarrollismo de Lula aparece, por tanto, una visión más neoliberal sobre el funcionamiento de la economía y el papel del Gobierno federal.
Quizá donde la diferencia es todavía más visible es en seguridad. Bolsonaro propone nuevas prisiones federales de máxima seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador, reducir de 18 a 16 años la mayoría de edad penal, endurecer penas y declarar organizaciones terroristas al PCC y al Comando Vermelho. Lula apuesta por inteligencia, coordinación entre distintos niveles de gobierno, persecución de las finanzas del crimen organizado y la construcción de un Sistema Único de Seguridad Pública. Son dos respuestas muy distintas para un problema que ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los brasileños.
Pero en esta elección también están presente los Estados Unidos. El gobierno de ese país ha mantenido una relación especialmente cercana con el bolsonarismo, Flávio fue recibido en la Casa Blanca y funcionarios de la administración estadounidense han sido críticos del Gobierno de Lula. A ello se suman las tarifas y sanciones norteamericanas adoptadas en medio de las disputas sobre el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Legisladores demócratas estadounidenses han acusado a la administración Trump de intentar influir en el entorno electoral brasileño. Washington ha rechazado esas acusaciones y Flávio Bolsonaro niega recibir ayuda del Gobierno estadounidense. Lula ha convertido el asunto en una bandera de soberanía. En su discurso en las Naciones Unidas afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, mientras Bolsonaro insiste en que la elección corresponde exclusivamente a los brasileños.
También está el Amazonas. Lula propone llegar a deforestación cero en 2030 y utilizar la transición energética, la bioeconomía y los minerales estratégicos como componentes de una nueva política industrial. Pero su modelo tampoco supone abandonar petróleo, minería o explotación de recursos naturales. Bolsonaro plantea igualmente aprovechar económicamente la región, aunque con mayor participación privada y una visión más favorable a la expansión de actividades productivas. Por eso la elección brasileña también tendrá consecuencias para una de las regiones ambientalmente más importantes del planeta.
Finalmente están las instituciones. La elección ocurre bajo la enorme sombra política de Jair Bolsonaro y de la crisis institucional que siguió a las elecciones de 2022. Flávio busca construir una candidatura propia, pero inevitablemente hereda buena parte del movimiento político de su padre. Lula, mientras tanto, ha hecho de la defensa de las instituciones y de la soberanía uno de los ejes de su campaña.
Por eso reducir esta elección simplemente a izquierda contra derecha sería perder una parte importante de la historia. Brasil está discutiendo simultáneamente el tamaño del Estado, el modelo de seguridad, la política industrial, la explotación de sus recursos naturales, su relación con Estados Unidos, la protección del Amazonas y hasta el lugar de la religión en la política.
Lula y Bolsonaro son los nombres visibles de esa disputa, pero detrás de ellos existen dos maneras distintas de imaginar al Brasil de la próxima década. El próximo domingo empieza la primera vuelta de las elecciones. Los brasileños no elegirán solamente quién ocupará el Palacio de Planalto, también decidirán qué tipo de Estado, qué modelo de desarrollo y qué posición quiere tener la mayor economía latinoamericana en un mundo que se está volviendo más polarizado.
