¿Puede una reforma legislativa mejorar la salud mental de millones de mexicanos? Por sí sola, difícilmente. Las leyes son fundamentales para reconocer derechos y establecer obligaciones, pero su verdadero valor depende de que se traduzcan en servicios accesibles y atención oportuna. Durante décadas, miles de personas enfrentaron la depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales en silencio, rodeadas de prejuicios y con pocas posibilidades de recibir ayuda profesional. Hoy, México ha comenzado a cambiar esta realidad, aunque todavía existen desafíos importantes para garantizar que el bienestar emocional esté al alcance de todas las personas.
La salud mental influye en nuestra manera de aprender, trabajar, relacionarnos y enfrentar las dificultades cotidianas. Sin embargo, no depende únicamente de nuestras capacidades individuales. La violencia familiar, el acoso escolar, las relaciones, la discriminación y las dificultades económicas pueden afectar profundamente el bienestar de las personas, especialmente cuando no cuentan con redes de apoyo o servicios de atención cercanos.
Las cifras muestran la dimensión del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, aproximadamente 1.3 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años presentaron malestar psicológico significativo durante el último año. Más preocupante aún, alrededor de 441 mil reportaron pensamientos suicidas, una proporción prácticamente dos veces mayor que la registrada entre la población adulta.
Esta situación presenta diferencias importantes entre mujeres y hombres. Las adolescentes registran mayores niveles de malestar emocional, mientras que los hombres concentran aproximadamente ocho de cada diez fallecimientos por suicidio. Estas cifras muestran que las personas enfrentan y expresan sus dificultades de distintas maneras, por lo que las respuestas deben considerar sus circunstancias y necesidades particulares.
Pero el problema no termina con la adolescencia. En la vida adulta, las responsabilidades laborales, las dificultades económicas, los largos traslados y las exigencias familiares generan presiones que, cuando se mantienen durante mucho tiempo, pueden provocar estrés crónico, problemas para dormir, ansiedad y dificultades de concentración. Sus consecuencias también repercuten en las relaciones familiares, el desempeño laboral y la calidad de vida.
¿Qué hemos hecho como país para atender esta realidad? En los últimos años se han impulsado cambios importantes. Uno de los avances legislativos más relevantes fue la reforma a la Ley General de Salud, publicada en mayo de 2022, que estableció una nueva manera de atender los problemas de salud mental, basada en el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y su participación en las decisiones sobre los tratamientos que reciben.
Esta reforma sentó las bases para superar un modelo de atención que durante décadas estuvo concentrado principalmente en hospitales psiquiátricos y avanzar hacia servicios más cercanos a las comunidades. El propósito es facilitar la prevención, identificar oportunamente los problemas emocionales y brindar acompañamiento antes de que las situaciones se agraven.
En este esfuerzo también destacan las acciones del Gobierno de México. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de mayo de 2026, nuestro país cuenta con 343 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, distribuidos en 262 municipios, que ofrecen servicios de orientación, prevención y atención. Esta red representa un avance para acercar la ayuda profesional a la población, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios especializados.
A ello se suma la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la prevención y la identificación temprana de problemas emocionales entre adolescentes y jóvenes. Su importancia radica en promover herramientas para reconocer y expresar las emociones, así como en fomentar espacios de confianza y acompañamiento en las escuelas y los hogares.
Estos esfuerzos reflejan un cambio importante en la manera de abordar la salud mental, reconocer que no basta con intervenir cuando una persona atraviesa una crisis, sino que también es necesario prevenir, orientar y acompañar.
¿Son suficientes estos avances para garantizar el derecho a la salud mental? Todavía no. Aunque se han establecido bases legales y se han fortalecido los servicios públicos, persisten dificultades para recibir atención, particularmente en comunidades rurales, indígenas y regiones con mayores necesidades. Para muchas familias, encontrar un especialista continúa implicando largos traslados, gastos adicionales o tiempos de espera prolongados.
A estas dificultades se suman problemas que requieren respuestas cada vez más amplias. La violencia familiar, el acoso escolar y el ciberacoso afectan el bienestar de niñas, niños y adolescentes, mientras que el estrés laboral y la incertidumbre económica entre otras causas, representan desafíos importantes para las personas adultas.
Por ello, el siguiente paso debe ser fortalecer los servicios existentes, ampliar su presencia en las comunidades y contar con profesionales preparados para brindar atención continua. También es necesario que las instituciones de salud, las escuelas y los centros de trabajo colaboren continuamente para identificar señales de alerta y ofrecer apoyo oportuno.
Una reforma no puede considerarse plenamente cumplida mientras las personas sigan encontrando obstáculos para ejercer los derechos que reconoce. El verdadero valor de las decisiones públicas se refleja en situaciones cotidianas: cuando una madre encuentra orientación para ayudar a su hija, cuando un adolescente recibe apoyo antes de enfrentar una crisis o cuando una persona trabajadora puede acudir con un profesional sin comprometer la economía familiar.
México ha comenzado a superar una deuda histórica en materia de salud mental. Los avances legislativos y las acciones del gobierno han abierto un camino que debe fortalecerse con continuidad, recursos y una atención cada vez más cercana a la población.
La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo lograr que estos avances lleguen a todas las personas, sin importar su edad, condición económica o lugar de residencia? La respuesta requiere un esfuerzo compartido entre autoridades, legisladores, profesionales de la salud, instituciones educativas y sociedad.
Porque garantizar la salud mental no consiste únicamente en reconocer un derecho en nuestras leyes, sino en asegurar que nadie tenga que enfrentar su sufrimiento en soledad. Ese es el desafío que tenemos por delante y una condición fundamental para construir un México más justo, solidario y comprometido con el bienestar de todas y todos.
