La manera en que una sociedad protege a quienes han dedicado su vida al trabajo refleja la solidez de su Estado de bienestar. Garantizar una vejez digna, con seguridad económica y tranquilidad, es una responsabilidad que no puede postergarse ni ponerse en riesgo. Las pensiones son una de las mayores conquistas sociales de nuestro país y tenemos la obligación de preservarlas, fortalecerlas y asegurar que puedan sostenerse para las generaciones presentes y futuras.
Durante los últimos años, México ha conseguido avances importantes en materia de protección social. La constitucionalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la creación de la Pensión Mujeres Bienestar y las reformas orientadas a mejorar las condiciones de jubilación de las personas trabajadoras han contribuido a fortalecer la seguridad económica de sectores históricamente vulnerables. Estos avances forman parte de una transformación profunda en la concepción de los derechos sociales, que reconoce que la protección durante la vejez no puede depender exclusivamente de las posibilidades económicas individuales.
Pero el reconocimiento constitucional de los derechos implica construir las condiciones institucionales, económicas y presupuestarias necesarias para hacerlos efectivos durante las próximas décadas. La sostenibilidad financiera y la justicia social deben fortalecerse mutuamente. Un sistema pensionario financieramente inviable termina poniendo en riesgo los derechos que pretende proteger, mientras que un sistema que privilegia exclusivamente el equilibrio presupuestario puede perder de vista su propósito esencial, que es garantizar condiciones de vida dignas.
En México existen más de mil sistemas, modelos y esquemas diferentes, distribuidos entre instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, universidades públicas, organismos descentralizados, empresas públicas y otras entidades. Cada uno tiene reglas particulares de acceso, aportaciones, edad de retiro, cálculo de beneficios y mecanismos de financiamiento. Esta diversidad ha producido diferencias significativas entre personas trabajadoras y ha dificultado conocer con precisión la dimensión de las obligaciones que enfrentan las instituciones públicas.
Mientras algunos sistemas cuentan con mecanismos de financiamiento relativamente sólidos, otros presentan desequilibrios actuariales importantes o dependen crecientemente de transferencias presupuestarias. En muchos casos, la falta de información homogénea impide comparar sus condiciones y anticipar oportunamente los riesgos financieros. Se requiere una visión nacional que permita conocer cuánto debemos, cómo se financiarán esas obligaciones y cuáles son las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Por ello, es necesario impulsar una reforma constitucional integral en materia de pensiones, acompañada de la expedición de una Ley General, que establezca bases de coordinación, homologación, transparencia y sostenibilidad de los sistemas pensionarios existentes. Esta transformación debe tener en cuenta que los derechos adquiridos de las personas pensionadas y trabajadoras deben respetarse plenamente. El propósito no es reducir prestaciones ni desconocer obligaciones, sino construir un marco institucional que garantice que todos los compromisos puedan cumplirse.
Existen diferencias legítimas entre los regímenes, especialmente cuando se trata de ocupaciones de alto riesgo o de condiciones laborales específicas. Sin embargo, esas particularidades no justifican la ausencia de criterios nacionales mínimos de responsabilidad financiera, transparencia, equidad y supervisión.
En el caso de las pensiones no contributivas, nuestro compromiso debe ser igualmente claro. La protección universal de las personas adultas mayores y el reconocimiento de las desigualdades que enfrentan las mujeres constituyen avances que debemos consolidar. Para lograrlo, es indispensable fortalecer la planeación, mejorar las proyecciones demográficas y construir fuentes de financiamiento estables que permitan ampliar gradualmente la protección social, sin depender exclusivamente de ajustes presupuestarios anuales.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación representa una oportunidad para consolidar los derechos sociales y fortalecer las instituciones encargadas de garantizarlos. Así como hemos avanzado en ampliar la protección social, debemos dar el siguiente paso para asegurar su viabilidad en el futuro. Es nuestra responsabilidad evitar que las decisiones de hoy comprometan las oportunidades y los derechos de quienes vendrán después.
Garantizar pensiones dignas y mantener finanzas públicas sostenibles son dos partes de una misma responsabilidad histórica. Necesitamos una reforma constitucional y legal que ordene nuestro sistema pensionario, elimine desigualdades injustificadas y garantice reglas claras de financiamiento. La verdadera defensa de los derechos sociales consiste no solamente en reconocerlos y ampliarlos, sino en construir las condiciones para que puedan ejercerse plenamente, hoy y durante las próximas generaciones.
