El pasado 19 de marzo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió el acuerdo con la convocatoria para elegir a tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Con base en ello, este lunes, el Comité Técnico de Evaluación[i] deberá entregar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) tres listas con cinco perfiles cada una (quintetas), integradas por las personas mejor evaluadas a lo largo de las distintas etapas del proceso[ii]. A su vez, la JUCOPO hará públicos dichos listados a través de la Gaceta Parlamentaria y deberá impulsar los acuerdos para la elección de las consejerías electorales, bajo el principio de paridad de género. A más tardar el miércoles 22 de abril, lo acordado será notificado a la Mesa Directiva para que el Pleno pueda votar y elegir, por mayoría calificada (las dos terceras partes de las y los legisladores presentes), a las nuevas personas consejeras del Instituto.
Lo anterior indica que en esta semana podríamos conocer quiénes serán las tres personas que ocuparán un lugar en el Consejo General del INE por los próximos nueve años. Sin embargo, este es sólo uno de los escenarios posibles, ya que el texto constitucional contempla otras alternativas. Por ejemplo, si el 22 de abril el Pleno no alcanza la mayoría calificada, se deberá convocar a una sesión el 28 de abril para elegir las consejerías por insaculación; es decir, mediante sorteo a partir de las quintetas. Si ello tampoco ocurre, la Mesa Directiva enviará las listas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice la designación por el mismo método, de ocurrir, esto sucedería el 29 de abril.
Aunque la Constitución es exhaustiva en la previsión de escenarios, es poco probable que se llegue al último de ellos, es decir, a la intervención de la Suprema Corte. Incluso resulta poco probable, aunque no imposible, que no se alcance la mayoría calificada en el Pleno. Esto puede observarse a partir de un ejercicio sencillo que es revisar las ocasiones en que, en la presente legislatura, no se ha logrado dicha mayoría.
En ese sentido, más que un escenario de confrontación entre mayoría y oposición, la cual hoy en día tiene una incidencia realmente limitada en las decisiones de trascendencia nacional, lo que realmente se requiere es una mejor articulación política dentro de la propia coalición gobernante. Así, la probabilidad de no alcanzar la mayoría necesaria para designar a las consejerías dependerá, en buena medida, de los movimientos estratégicos de las fuerzas que la integran y de cómo definan sus posiciones de cara al proceso electoral de 2027.
Siguiendo con este ejercicio, también es posible observar el comportamiento histórico en la designación de consejerías. A partir de la reforma electoral de 1994, misma que introdujo la figura de los “consejeros ciudadanos” elegidos por la Cámara de Diputados, estos nombramientos han seguido, en términos generales, la ruta del consenso político, como ocurrió en 1994, o la aprobación por mayoría calificada, como en los procesos de 1996, 2003, 2008, 2014, 2017 y 2020. Al respecto, las excepciones han sido pocas, pero significativas. En 2010, la designación de tres consejerías se prolongó durante casi 14 meses debido a la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados. Más recientemente, en 2023, se alcanzó por primera vez el escenario de insaculación, mediante el cual se eligieron cuatro consejerías, entre ellas la actual presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei.
Revisando la ocurrencia de estos eventos, entonces podríamos insistir que la probabilidad de no alcanzar los votos suficientes para la elección de las tres consejerías es baja, pero no inexistente. Este aspecto resulta muy relevante. Más allá de que el Consejo pueda seguir funcionando aun con vacantes, es necesario tener la certeza de que el árbitro electoral está completo, fortalecido y preparado para uno de los procesos más relevantes en la historia democrática reciente del país. No hay que olvidar que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales y más de mil ayuntamientos[iii], además de la probable elección de la mitad restante del Poder Judicial que no fue renovada en el proceso extraordinario de 2025.
Lo anterior nos lleva al punto central de la discusión que ha estado en el debate público en las últimas semanas: la importancia de elegir a los perfiles idóneos no sólo en cuanto a conocimientos técnicos, sino en cuanto a ética, honestidad y, sobre todo, con la mayor independencia posible respecto a las fuerzas del espectro político en nuestro país.
Si el sistema electoral define las reglas de acceso al poder del juego democrático, el Instituto Nacional Electoral es el árbitro que se encarga de que, en la ejecución, cada uno de los procesos electorales constituya un juego limpio. En ese contexto, el Consejo General del INE es el órgano superior de dirección encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia electoral, garantizando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
La elección de las personas integrantes del Consejo por la mayoría de las dos terceras partes en el Pleno de la Cámara de Diputados surgió ante la necesidad de buscar consensos entre las diferentes visiones políticas sobre la idoneidad de los perfiles y evitar los repartos de cuotas, como ocurría en otras etapas de la vida política mexicana. Por ello, el verdadero desafío es asegurar que la integración del Consejo permita decisiones basadas en mérito y no en una conveniencia partidista que ponga en riesgo la imparcialidad del árbitro electoral.
En ese contexto, la discusión de estos días no debería centrarse únicamente en los nombres que integrarán las quintetas o en las negociaciones al interior de la Cámara de Diputados, sino en algo más profundo que es asegurar la capacidad de nuestras instituciones para actuar bajo los principios de autonomía, independencia técnica, profesionalización y justicia social. La renovación de consejerías ocurre en un momento particularmente delicado, a las puertas de un proceso electoral de gran magnitud y en medio de un clima de alta polarización. Por ello, la solidez técnica y la independencia de quienes integren el Consejo General no es un asunto accesorio, sino una condición indispensable para la estabilidad democrática.
Al final, la confianza en las elecciones no se construye el día de la jornada electoral, sino mucho antes, en decisiones como esta. Porque si el árbitro genera dudas, el juego entero corre el riesgo de perder legitimidad.
[i] En el artículo 41 constitucional se señala que dicho Comité estará integrado por “cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los derechos humanos”.
[ii] De acuerdo con la convocatoria, las etapas del proceso son las siguientes. Primera etapa: Registro de las personas aspirantes; Segunda etapa: Evaluación de las personas con las fases de revisión de cumplimiento de requisitos, evaluación de conocimientos, evaluación de idoneidad y entrevistas; Tercera etapa: Selección de las personas que integrarán las listas remitidas a la JUCOPO por parte del Comité.
[iii] INE, “Artículo de la consejera Norma Irene de la Cruz publicado en El Heraldo de México”, 10 de diciembre de 2025.
