Hay conversaciones ineludibles que deben darse en el Legislativo para que el país crezca. Una de ellas es la del crédito. México tiene uno de los niveles más bajos de financiamiento al sector privado en toda América Latina: apenas alrededor del 27% del PIB, frente a un promedio regional que supera el 55%, al 72% de Brasil o al más del 100% de Chile. Esa cifra no es un dato técnico menor. Es el retrato de una economía donde millones de personas y negocios operan sin acceso al capital que necesitan para crecer, invertir o simplemente sobrevivir un mal trimestre.
El sistema bancario tradicional ha tomado su decisión hace tiempo: no les presta a los micronegocios, no le presta a las mujeres emprendedoras en zonas periurbanas, no llega a las comunidades rurales donde no hay sucursal ni historial crediticio formal. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 lo confirma con números: solo el 37.3% de la población adulta tiene acceso a algún crédito formal, y la brecha de género es escandalosa: 18.3% para mujeres contra 28.2% para hombres. El crédito, en México, sigue siendo un privilegio, no un derecho.
Y sin embargo, algo está cambiando. Al cierre de 2025 operaban en México cerca de 800 empresas fintech, más de la mitad dedicadas a pagos digitales y crédito. Plataformas como Konfío han desembolsado miles de millones de pesos en préstamos a pequeñas empresas. Neobancos como Nu México tienen millones de usuarios que nunca pisaron una sucursal. El ecosistema fintech mexicano es uno de los más dinámicos de América Latina. Llegó donde los bancos no quisieron ir, y lo hizo con modelos de negocio que no dependen de garantías ni de historial crediticio tradicional, sino de datos, tecnología y apetito por el riesgo.
El problema es que ese ecosistema sigue operando con un andamiaje legal que tiene ocho años y que ya le queda chico.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ( llamada famosa Ley Fintech) se publicó el 9 de marzo de 2018 y fue, en su momento, pionera no solo en América Latina sino en el mundo. México fue el primer país de la región en adoptar un enfoque basado en la entidad regulada, no solo en la actividad. Ese fue un acierto conceptual importante. Pero la ley original fue diseñada para un ecosistema mucho más sencillo, centrado en dos figuras: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE ó billeteras digitales) y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC, también llamado fondeos colectivos). Ese universo hoy es apenas una fracción de lo que el sector hace.
La regulación secundaria que debía acompañar a la ley llegó tarde, incompleta y, en algunos casos, no llegó. Las disposiciones específicas sobre open finance y sobre la interoperabilidad de billeteras digitales que debían emitir el Banco de México y la CNBV siguen pendientes o son insuficientes. El sandbox regulatorio existe en papel, pero su implementación ha sido lenta y su alcance, estrecho. La autorización para operar tarda, en promedio, más de 400 días en el mejor de los casos. Según datos públicos, más del 40% de las solicitudes presentadas han sido rechazadas o devueltas con observaciones. Y hasta la fecha, ninguna empresa ha recibido autorización para ofrecer compraventa de criptomonedas al público general, a pesar de que la ley lo prevé.
Especialistas de SMPS Legal y de Legal Paradox han documentado con claridad el problema: modelos como el embedded finance, el Banking-as-a-Service o la infraestructura distribuida han superado las categorías regulatorias de 2018. Nuevos actores (proveedores de infraestructura tecnológica, integradores de servicios, plataformas de identidad digital) operan en una zona gris legal que genera incertidumbre para los inversionistas y desprotección para los usuarios. El diseño original de la ley, concebido para un ecosistema mucho más estrecho, resulta hoy insuficiente.
Lo que México necesita, y lo que especialistas en política pública han señalado desde distintos centros académicos, es una Ley Fintech 2.0 que actualice las figuras reguladas, que incorpore el open finance con plazos reales y API obligatorias, que regule con claridad los activos digitales y la inteligencia artificial aplicada al crédito, y que reduzca de manera drástica los tiempos de autorización. La CNBV ha enviado señales alentadoras: en el Fintech Festival 2026, su titular habló de construir un ecosistema de entidades nacidas digitalmente que genere valor donde hoy predomina el efectivo. Las palabras son buenas. El calendario legislativo, todavía incierto.
Pero este artículo no está completo sin hablar de los riesgos. Porque el entusiasmo por el potencial democratizador del fintech no puede ocultar las advertencias que los organismos financieros internacionales llevan años formulando.
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) ha documentado con rigor los riesgos sistémicos que puede generar la expansión no regulada del sector. Su advertencia central es esta: cuando las grandes plataformas tecnológicas (las llamadas BigTech) entran a los servicios financieros, pueden convertirse rápidamente en entidades sistémicamente importantes, es decir, en actores demasiado grandes para caer. El ciclo de datos, efectos de red y actividades entrelazadas les permite crecer con una velocidad que ningún banco tradicional podría igualar, acumulando riesgos antes de que el regulador tenga siquiera el diagnóstico.
Hay otros riesgos que no son menores. La concentración del crédito digital en pocas plataformas puede crear dependencias frágiles en segmentos de la población que antes no tenían acceso a ningún servicio formal. Una crisis de confianza en una plataforma grande (un ciberataque, una corrida de retiros, una quiebra) puede afectar a millones de usuarios sin buffers de protección similares a los que tienen los depositantes de un banco. La prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son retos reales en modelos que operan con onboarding digital, anonimato parcial y transacciones transfronterizas.
El BIS ha concluido que lo que se necesita no es elegir entre regular e innovar, sino construir un marco que garantice, simultáneamente, la estabilidad financiera, la competencia y la protección de datos. Ese equilibrio requiere que el regulador crezca al mismo ritmo que el sector: con capacidad técnica, con facultades claras, con información en tiempo real sobre los balances y exposiciones de las nuevas entidades.
México tiene una ventana de oportunidad. El ecosistema fintech es robusto, con ocho años de maduración y actores que ya han probado que el modelo funciona. La demanda de crédito entre micronegocios, mujeres y comunidades rurales es real y enorme. El argumento económico es simple: más crédito bien regulado significa más inversión, más productividad, más crecimiento. En un país que lleva décadas atrapado en tasas de expansión mediocres, ese canal importa.
Pero para que la promesa del fintech se convierta en política económica seria, el Congreso y las autoridades financieras tienen que hacer su trabajo. La Ley Fintech de 2018 fue un comienzo brillante. Quedarse en ella, en 2026, es un lujo que México ya no puede darse.
