Cuando la democracia vuelve a discutir lo que ya había resuelto

Hay debates que enriquecen la vida democrática y otros que revelan hasta qué punto algunas ideas, aunque derrotadas en algún momento de la historia, pueden reaparecer a través de nuevas voces. En días recientes, se han presentado algunas declaraciones que desde luego generaron polémica, una primera al proponer que el derecho al voto dependa de un examen de conocimientos cívicos, y una segunda categoría, al sugerir que una sola persona vote en representación de toda la familia.
En apariencia, al menos para quienes las dijeron, ambas propuestas buscan «mejorar» la calidad de las decisiones democráticas. En realidad, cuestionan uno de los principios más elementales sobre los que se edificó la democracia moderna, a saber, la igualdad política de todas y todos los ciudadanos.
En uno de los textos clásicos de la teoría política contemporánea, Norberto Bobbio sostenía que la diferencia fundamental entre las izquierdas y las derechas radica en la actitud frente a la igualdad. No se trata de que una corriente niegue la libertad o la otra la igualdad, sino de cuánto valor otorgan a reducir las desigualdades existentes entre las personas. Esa discusión resulta especialmente pertinente cuando aparecen propuestas que, explícita o implícitamente, sostienen que algunos ciudadanos deberían tener mayor peso político que otros.
La democracia no supone que todas las personas posean el mismo conocimiento, la misma riqueza o las mismas capacidades. Lo que sostiene es que ninguna de esas diferencias justifica otorgar más derechos políticos a unos que a otros.
Robert Dahl denominó a este principio igualdad política. En La democracia y sus críticos explica que una democracia sólo puede existir si todos los miembros de la comunidad son considerados igualmente calificados para participar en las decisiones colectivas. No porque todos tengan siempre razón, sino porque nadie posee un título moral o intelectual que le permita gobernar permanentemente sobre los demás. Esta idea puede parecer obvia hoy, pero representa una de las mayores conquistas de la historia política.
Durante siglos ocurrió exactamente lo contrario. En numerosos países únicamente podían votar quienes poseían propiedades, pagaban determinados impuestos o pertenecían a ciertos grupos sociales. Era el llamado voto censitario, sustentado en la creencia de que sólo quienes tenían educación, patrimonio o una determinada posición económica estaban capacitados para decidir sobre los asuntos públicos.
Las mujeres tampoco eran consideradas ciudadanas plenas. Se asumía que el esposo o el padre representaban políticamente a toda la familia. El hogar era concebido como una unidad con una sola voluntad, encabezada naturalmente por el hombre. La propuesta del denominado household voting, que en Estados Unidos ha sido retomada por algunos sectores ultraconservadores, no hace sino recuperar esa vieja concepción según la cual una persona puede sustituir la voluntad política de las demás.
Precisamente contra esas ideas se construyó la democracia contemporánea.
No debemos olvidar que la historia de la ciudadanía moderna puede entenderse como una expansión progresiva de derechos. Los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. La dirección del cambio ha sido la de incorporar a quienes antes permanecían excluidos, jamás ha ocurrido al revés y por eso resulta llamativo que en pleno siglo XXI resurjan propuestas que buscan volver a seleccionar quién merece votar y quién no.
Quienes defienden un examen para ejercer el sufragio parten de una pregunta aparentemente razonable ¿debería decidir el futuro de un país alguien que desconoce su funcionamiento institucional? Sin embargo, detrás de esa interrogante aparece otra mucho más peligrosa ¿quién decidirá qué conocimientos son suficientes para reconocer la ciudadanía política?
Como suele suceder es la historia quien nos ofrece las respuestas, cuando se ha permitido establecer requisitos para votar, éstos han favorecido a quienes ya concentraban el poder económico, político o social. El problema no consiste únicamente en el examen sobre algo que “todas y todos deberíamos conocer”, sino en el principio que introduce la idea de que existen personas políticamente superiores.
Si hoy aceptáramos que el conocimiento puede convertirse en requisito para votar, mañana podría proponerse un determinado nivel de ingresos, cierto patrimonio, una profesión específica o cualquier otra condición. En distintos momentos de la historia también se exigieron requisitos de raza, religión, o propiedad. Todos fueron abandonados porque resultaban incompatibles con la democracia.
Algo similar ocurre con la propuesta del voto familiar. No importa quién termine depositando la boleta. Lo verdaderamente grave es asumir que una persona puede expresar legítimamente la voluntad política de otra, particulamente en un momento de nuestra historia en el que valoramos mucho la expresión de la diversidad, no sólo de las ideas, sino de múltiples preferencias de todo tipo. La ciudadanía democrática no funciona por representación doméstica. Cada individuo posee convicciones, intereses y preferencias propias, incluso dentro de una misma familia.
En Los principios del gobierno representativo , Bernard Manin recuerda que la representación democrática nunca pretendió sustituir la voluntad individual de los ciudadanos, sino construir mecanismos para que esa pluralidad pudiera expresarse institucionalmente. La riqueza de la democracia reside precisamente en aceptar que las sociedades son diversas y que esa diversidad debe reflejarse en las decisiones colectivas.
Por ello sorprende que discusiones ampliamente resueltas por la teoría democrática vuelvan a ocupar espacio público. Pero quizá no debería sorprendernos tanto, el cuestionamiento a los valores democráticos es natural a las visiones “ultra” de espectro político. Autores como Cristóbal Rovira Kaltwasser, han advertido que una parte de la nueva derecha radical internacional ha dejado de limitarse a debatir políticas públicas para comenzar a cuestionar algunos de los consensos fundamentales de la democracia liberal , entre ellos el pluralismo, los contrapesos institucionales y la ampliación de derechos.
Las propuestas sobre restringir el voto deben leerse en ese contexto. No son simples provocaciones aisladas. Expresan una visión del mundo que no entiende a la igualdad política como un valor a defender, sino como un problema a corregir.
Más allá de esa discusión, también hay algo que debemos enteder sobre la democracia y es que ésta nunca prometió que los ciudadanos tomarían siempre la mejor decisión. La democracia no garantiza gobiernos perfectos, nunca lo hará, tampoco garantiza una redistribución de la riqueza -eso es algo que todas y todos desearíamos- garantiza que el poder derive de la igualdad jurídica entre las personas y que tengamos la misma posibilidad de participar en su conformación.
Lo anterior no significa renunciar a mejorar la calidad del debate público o renunciar a buscar condicones socioeconómicas más justas. Por supuesto que una democracia necesita educación cívica, pensamiento crítico e información de calidad. Pero la respuesta frente a la desinformación nunca puede consistir en retirar derechos, sino en fortalecer las capacidades de la ciudadanía para ejercerlos.
En tiempos donde las redes sociales convierten cualquier ocurrencia en tendencia y cualquier provocación en debate nacional, conviene recordar una lección que costó siglos construir. La democracia comienza exactamente donde terminan los privilegios políticos. Cada vez que alguien propone que unas personas puedan decidir y otras no, o que algunas dejen de votar por no cumplir determinadas condiciones, no está perfeccionando la democracia, lo que está haciendo es cuestionar aquello que la hace posible: la convicción de que, frente a las urnas, todas y todos los ciudadanos poseemos exactamente la misma dignidad política.