México enfrenta uno de los debates más urgentes y menos discutidos con la profundidad que merece: el futuro de sus sistemas de pensiones. No se trata únicamente de calcular cuánto dinero habrá para pagar jubilaciones en los próximos años, sino de definir qué tipo de país queremos ser cuando millones de personas lleguen a la vejez. La cuestión aquí es preguntarnos si una persona, después de una vida de trabajo, podrá retirarse con dignidad o tendrá que enfrentar la última etapa de su vida entre la incertidumbre.
Discutir sobre las pensiones no es mirar hacia un problema lejano; es hablar del futuro de quienes hoy trabajan, de quienes ya envejecieron y de quienes apenas comienzan su vida laboral. Durante casi tres décadas, el retiro en México fue tratado casi como un asunto individual: si una persona lograba ahorrar, cotizar sin interrupciones y mantenerse en la formalidad, entonces podía aspirar a una pensión. De no ser así, la vejez se convertía en una etapa de vulnerabilidad. Esa fue una de las marcas más profundas del modelo neoliberal: trasladar al trabajador una responsabilidad que, en realidad, debía ser compartida por el Estado, los empleadores y la sociedad.
La seguridad social no debe entenderse como un favor del Estado, las pensiones, el acceso a la salud, los cuidados y el derecho a una vejez digna son cosas que no aparecieron de manera espontánea; detrás de cada derecho hay generaciones que exigieron mejores condiciones de vida. Por eso, el debate sobre pensiones no puede reducirse a una discusión de cifras, presupuestos o semanas cotizadas.
El laberinto de las pensiones en México
Si bien en los últimos años se han impulsado reformas orientadas a fortalecer la protección social en la vejez, el sistema pensionario mexicano aún enfrenta importantes retos estructurales. Entre los avances destacan la consolidación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y las políticas de recuperación salarial.
No obstante, persiste una elevada fragmentación institucional, con numerosos regímenes de pensiones administrados por el IMSS, el ISSSTE, Pemex, las Fuerzas Armadas, universidades públicas, gobiernos estatales y municipales, así como otros organismos. Algunas estimaciones señalan la existencia de cerca de mil sistemas pensionarios, mientras que otras la ubican por encima de los mil quinientos. Esta diversidad de esquemas, con reglas, condiciones financieras y mecanismos de administración distintos, genera importantes desafíos para avanzar hacia un sistema más homogéneo, equitativo y sostenible.
En ese contexto, uno de los desafíos más relevantes es la situación financiera que enfrentan diversos institutos estatales de pensiones. En varias entidades federativas, estos organismos registran presiones derivadas de factores como cambios demográficos, obligaciones crecientes, insuficiencia de reservas, problemas de gestión y, en algunos casos, deficiencias administrativas. Atender estas diferencias resulta indispensable para fortalecer la viabilidad del sistema pensionario en su conjunto y avanzar hacia un modelo que garantice condiciones más equitativas para todas las personas trabajadoras, independientemente de la entidad o institución a la que pertenezcan.
Pedro Kumamoto, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social explica el retiro digno a partir de cuatro pilares. El primero es el piso mínimo: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 entrega 6,400 pesos bimestrales y está reconocida como derecho constitucional. El segundo es la seguridad social tradicional: IMSS, ISSSTE, Afores y demás regímenes públicos. El tercero son los planes complementarios que algunas empresas ofrecen a sus trabajadores. Y el cuarto es el ahorro personal.
El problema es que no todas las personas pueden acceder a esos cuatro pilares. Para millones de personas, el único ingreso seguro en la vejez será la pensión universal. De acuerdo con INEGI, en mayo de 2026 la informalidad laboral fue de 55.2%, lo que significa que más de la mitad de las personas ocupadas trabajan sin plena protección laboral y de seguridad social.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar intenta corregir una de las fallas más fuertes del modelo de cuentas individuales: que muchas personas, después de trabajar durante años, podían recibir una pensión muy baja en comparación con el salario que tenían antes de retirarse. La reforma de 2020 fue un primer paso importante: aumentó las aportaciones de los patrones, redujo los requisitos para acceder a una pensión y fortaleció los montos mínimos garantizados. Después llegó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca complementar lo que las cuentas individuales no alcanzaron a acumular, con el objetivo de que el trabajador reciba al retirarse algo cercano a lo que ganaba cuando estaba activo, hasta un tope de poco más de 17,800 pesos mensuales.
Pero, a pesar de estos avances, el reto financiero es enorme. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 prevé que el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas rondaría los 2.2 billones de pesos, equivalente a cerca del 6% del PIB y a casi una cuarta parte del gasto neto total. Tan solo las pensiones contributivas representarían alrededor de 1.7 billones de pesos, mientras que las no contributivas, encabezadas por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, consolidan un componente cada vez más relevante del gasto social federal. Esto confirma que garantizar una vejez digna no depende únicamente de voluntad política: requiere una estrategia financiera de largo plazo, capaz de sostener estos derechos sin reducir el margen presupuestal para otros servicios esenciales.
El desafío se vuelve más complejo con el envejecimiento de la población. México tendrá cada vez más personas adultas mayores y, proporcionalmente, una menor base de trabajadores activos para sostener el sistema. Por eso, el debate pensionario debe ir acompañado de una discusión seria sobre nuevas fuentes de financiamiento, combate a la evasión, formalización laboral, aportaciones progresivas y una política fiscal más justa. Reconocer el retiro digno como derecho es apenas el punto de partida; el verdadero reto es asegurar que pueda financiarse sin debilitar salud, educación, vivienda, infraestructura y cuidados.
También hay que mirar los planes privados y complementarios con realismo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reconoce que los planes privados de pensiones son esquemas voluntarios establecidos por empleadores para complementar el ingreso pensionario. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada frente al tamaño de la población trabajadora y aunque son una buena herramienta para quienes tienen acceso a ellos, no pueden ser la respuesta principal para un país donde millones trabajan en la informalidad o con ingresos insuficientes.
Hacia un retiro digno y sostenible
El debate de pensiones no debe plantearse como una guerra entre generaciones. No se trata de decirles a los jóvenes que nunca se van a jubilar ni de enfrentar a trabajadores activos contra pensionados. Lo que se necesita es reconocer que el retiro digno es posible, pero requiere decisiones públicas valientes, reglas parejas y responsabilidad compartida.
La transición que vive México es profunda: pasar del retiro como responsabilidad individual al retiro como derecho social. Pero esa transición todavía está incompleta. Para que sea real, el país debe ordenar la fragmentación del sistema, rescatar los fondos estatales en crisis, ampliar la seguridad social a quienes trabajan en la informalidad, fortalecer el salario y garantizar fuentes sostenibles de financiamiento. Una pensión no es un privilegio: es la respuesta que una sociedad da a quienes ya dedicaron su vida al trabajo y un Estado de bienestar también se construye garantizando que las personas puedan llegar a la vejez con seguridad, tranquilidad y dignidad, porque la vida laboral puede terminar, pero los derechos no.
