En México, después de toda una vida de trabajo, una persona espera llegar a la jubilación con una pensión que le permita vivir con tranquilidad. Aunque, por lo visto, algunos encontraron una manera bastante más rápida de ganar dinero con las pensiones. No necesitaban trabajar durante treinta años ni acumular cientos de semanas cotizadas. Les bastaba con convertirse en intermediarios de quienes sí lo habían hecho.
Alrededor de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se desarrolló un mercado de gestores, asesores y financieras que ofrecían incrementar considerablemente las pensiones. Algunos prestaban servicios legítimos de orientación. Otros, según las irregularidades identificadas por el Instituto, recurrieron a esquemas de financiamiento, simulación de relaciones laborales y operaciones que hoy son objeto de denuncias.
La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que los trabajadores que dejaron de cotizar mediante un patrón continúen realizando aportaciones al IMSS para acumular semanas y mejorar su futura pensión.
Para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, esta posibilidad resulta especialmente importante porque el cálculo de su pensión considera, entre otros factores, el salario promedio de sus últimas 250 semanas cotizadas.
Hasta antes de las recientes modificaciones, una persona podía elegir un salario base de cotización considerablemente superior al último registrado, hasta alcanzar el límite de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a 89,156 pesos mensuales en 2026.
Así, un trabajador que durante buena parte de su trayectoria laboral había cotizado con un salario de 15 mil pesos mensuales podía incrementar sustancialmente su base de cotización durante los últimos años. Esta posibilidad, contemplada en las reglas del sistema, también abrió espacios para que algunos intermediarios encontraran una oportunidad de negocio.
Y donde existe una oportunidad de negocio, siempre aparece alguien dispuesto a aprovecharla. Algunos gestores no se conformaron con orientar a los trabajadores sobre sus derechos. Encontraron mecanismos para financiar aportaciones y recuperar posteriormente el dinero mediante los ingresos pensionarios de sus clientes.
El pasado 27 de octubre, el director general del IMSS explicó que se habían identificado esquemas en los que gestores y financieras prestaban recursos a personas próximas a jubilarse para cubrir sus cotizaciones a la Modalidad 40, incluso mediante pagos retroactivos de hasta cinco años.
El negocio tenía una lógica peculiar. Una financiera prestaba dinero para incrementar las aportaciones, el trabajador obtenía una pensión mayor y, posteriormente, debía destinar parte de esos ingresos a pagar el financiamiento. En algunos casos, los intermediarios incluso solicitaban las escrituras de propiedades como garantía.
De esta manera, el trabajador aportaba su historial laboral, comprometía su patrimonio y asumía una deuda. El intermediario, por su parte, encontraba una oportunidad de recuperar el préstamo mediante ingresos futuros provenientes del sistema pensionario.
Una fórmula comercial bastante conveniente para quienes encontraron la manera de hacer negocios alrededor de las pensiones, especialmente cuando las operaciones involucraban prácticas irregulares.
Según lo informado por el titular del IMSS, se identificaron casos de incrementos pensionarios superiores al mil por ciento respecto del último salario registrado. También se detectaron inscripciones en empresas fantasma para simular relaciones laborales y generar cotizaciones sin que existiera un empleo efectivo.
Es decir, en algunos de los esquemas investigados, hasta la relación laboral podía ser ficticia. Lo que no era ficticio eran las obligaciones económicas que podían derivarse de esas operaciones.
El IMSS informó que había presentado 115 denuncias relacionadas con estas prácticas. Corresponderá a las autoridades investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, estas denuncias muestran la importancia de combatir las redes de intermediación que pueden aprovechar los mecanismos de seguridad social mediante simulaciones y posibles fraudes.
La corrupción no siempre se manifiesta mediante el desvío directo de recursos públicos. También puede encontrar espacios en la simulación de operaciones, la utilización de empresas fantasma y los mecanismos que permiten obtener beneficios económicos indebidos a partir de instituciones públicas.
En este caso, el problema adquiere una dimensión particularmente delicada. Mientras determinados intermediarios obtenían ganancias privadas, el sistema pensionario podía asumir obligaciones de largo plazo derivadas de incrementos extraordinarios en las bases de cotización.
Una combinación difícil de justificar. Beneficios particulares asociados a operaciones presuntamente irregulares y posibles costos que terminan trasladándose a las finanzas públicas.
No es la primera vez que se advierten riesgos relacionados con este mecanismo. Desde la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación había señalado la necesidad de evaluar la regulación de los incrementos del salario base de cotización en la Modalidad 40, debido a sus posibles implicaciones para el costo fiscal de las pensiones.
Por ello, los cambios recientes también deben entenderse desde la perspectiva del combate a la corrupción. Las modificaciones introducen restricciones al incremento del salario base de cotización para nuevas incorporaciones, eliminan las nuevas altas retroactivas y establecen procedimientos digitales de inscripción.
Estas medidas buscan cerrar espacios a la simulación, limitar las oportunidades de intermediación abusiva y facilitar la supervisión de las operaciones. La eliminación de las nuevas altas retroactivas resulta especialmente relevante frente a los esquemas de financiamiento identificados por el IMSS. El objetivo debe ser impedir que las prácticas irregulares sigan convirtiendo los derechos pensionarios en oportunidades de negocio para terceros.
Después de décadas de trabajo, lo razonable es que una persona pueda disfrutar de su pensión con tranquilidad, sin descubrir que su jubilación también se convirtió en una oportunidad de negocio para alguien más. La seguridad social existe para proteger a los trabajadores, no para garantizar la rentabilidad de quienes encontraron en sus pensiones una oportunidad de enriquecimiento mediante prácticas irregulares. Combatir la corrupción también significa impedir que los derechos de unos se conviertan en el negocio de otros.
