Durante las últimas semanas, la Cámara de Diputados ha discutido una parte fundamental del Paquete Económico para 2027, cómo fortalecer los ingresos públicos para que el Estado cuente con los recursos necesarios para atender las necesidades del país.
En este proceso aprobamos la Ley de Ingresos de la Federación, las reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta y Federal de Derechos, así como modificaciones a la Ley Aduanera y la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
Aunque cada una tiene objetivos particulares, estas reformas comparten una orientación: mejorar la recaudación, combatir la evasión fiscal, modernizar los mecanismos de pago y fortalecer la transparencia y trazabilidad de las operaciones económicas, sin crear nuevos impuestos generales.
Ahora corresponde responder una pregunta igualmente importante: ¿a dónde deben destinarse estos recursos?
En los próximos días, la Cámara de Diputados discutirá el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que contempla un gasto superior a 10.6 billones de pesos. Esta discusión nos permitirá revisar las prioridades de inversión y gasto público para el próximo año.
La asignación de los recursos públicos es una de las decisiones más importantes de cualquier gobierno, porque refleja sus prioridades y el compromiso que asume frente a la sociedad. Detrás de cada partida presupuestaria hay decisiones sobre los servicios que se prestan, las obras que se construyen y las oportunidades que se generan para la población.
Sin embargo, para sostener estos esfuerzos en el tiempo es indispensable contar con una economía sólida, capaz de generar empleos, atraer inversiones y ampliar sus capacidades productivas. Esta es una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México, que buscan fortalecer la industria nacional e impulsar el crecimiento económico.
En este sentido, la inversión pública desempeña un papel fundamental. El Proyecto de Presupuesto para 2027 contempla más de 1 billón 133 mil millones de pesos en inversión, de los cuales aproximadamente 1 billón 26 mil millones corresponden a inversión física. Una de las prioridades es el sector energético, cuya infraestructura resulta indispensable para garantizar el suministro de electricidad, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.
La importancia de fortalecer el sector energético se hace todavía más evidente frente al contexto internacional. Los conflictos en Medio Oriente y las interrupciones al transporte de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz han generado incertidumbre en los mercados y presiones sobre los precios internacionales de la energía. Esta situación nos recuerda que contar con un suministro energético suficiente y confiable es fundamental para la estabilidad económica y el desarrollo de cualquier país.
México debe continuar fortaleciendo su infraestructura energética y diversificando sus fuentes de generación. Para 2027, el proyecto presupuestario contempla cerca de 61 mil millones de pesos para inversiones prioritarias de la Comisión Federal de Electricidad, con acciones orientadas a ampliar la capacidad de generación, modernizar centrales hidroeléctricas y fortalecer las redes de transmisión y distribución.
Estas inversiones también representan una oportunidad para avanzar en la transición energética. México cuenta con un importante potencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica que, además de contribuir a un suministro más diversificado, pueden impulsar nuevas actividades económicas, fomentar la innovación y generar empleos especializados.
Contar con infraestructura energética suficiente es también una condición para cumplir los objetivos del Plan México. La llegada de nuevas empresas, el desarrollo de parques industriales y el fortalecimiento de las cadenas productivas requieren electricidad confiable, así como infraestructura y servicios que permitan desarrollar sus actividades.
En este esfuerzo, la inversión en transporte y agua también desempeña un papel fundamental. El Proyecto de Presupuesto contempla más de 150 mil millones de pesos para infraestructura ferroviaria, alrededor de 24 mil millones para carreteras y caminos y más de 22 mil millones para obras hidráulicas. Estos recursos contribuirán a mejorar la conectividad, facilitar el traslado de mercancías y fortalecer las condiciones para el desarrollo regional.
Este esfuerzo debe traducirse también en oportunidades para las empresas mexicanas, particularmente las pequeñas y medianas. Atraer inversiones es importante, pero también lo es lograr que sus beneficios lleguen a los proveedores nacionales, impulsen la producción local y generen empleos de calidad.
En esta misma dirección, las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta incorporan incentivos vinculados con el Plan México para fomentar la inversión en maquinaria y equipo, así como la capacitación y la innovación. Estas medidas buscan fortalecer las capacidades de las empresas y generar mejores condiciones para su crecimiento.
La discusión del Presupuesto 2027 debe permitirnos articular estos esfuerzos y orientar los recursos hacia proyectos que generen beneficios económicos y sociales. No se trata únicamente de determinar cuánto se invertirá, sino de asegurar que esas inversiones contribuyan a fortalecer la producción nacional, ampliar las oportunidades de empleo y reducir las desigualdades regionales.
México necesita invertir más y mejor. El fortalecimiento de la infraestructura energética, la conectividad y las capacidades industriales es indispensable para construir una economía más sólida, capaz de generar los recursos necesarios para garantizar mejores servicios públicos y ampliar el bienestar de la población.
