El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportó un total de 49 mil 571 arrestos migratorios durante el mes de julio, la cifra mensual más elevada registrada en lo que va de la segunda administración del presidente Donald Trump.
El incremento refleja una aceleración sostenida en la política de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca, a pesar de los ajustes operativos implementados en los últimos meses tras el rechazo público generado por redadas de alto perfil en distintas ciudades del país.
Los datos gubernamentales, entregados al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información y analizados por The Associated Press, muestran que el volumen de julio representa un aumento del 15% respecto a los 43 mil 021 arrestos de junio y un repunte del 70% en comparación con los 29 mil 241 casos registrados en febrero.

Para poner en perspectiva la magnitud de la ofensiva actual, los registros previos a la toma de posesión del mandatario mostraban promedios cercanos a los 8 mil arrestos mensuales, conformados principalmente por migrantes transferidos desde centros penitenciarios locales y estatales para su expulsión.
Sin embargo, tras la flexibilización de las normativas internas del ICE —que ampliaron el margen operativo de los agentes sobre quiénes y dónde detener— y la inyección de miles de millones de dólares a la agencia, las capturas escalaron de forma abrupta hasta superar los 40 mil casos hacia el cierre del año pasado.
La tendencia al alza experimentó una desaceleración temporal a principios de año, cuando los arrestos cayeron hasta la marca de los 30 mil en febrero, en un contexto marcado por protestas ciudadanas y severas críticas políticas tras las muertes registradas durante operativos de control en Minnesota.
Ante este escenario de fricción social, la agencia federal modificó su táctica, desplazando los operativos vistosos de grandes ciudades hacia métodos de detención más discretos. No obstante, las cifras confirman que el ritmo de capturas retomó la verticalidad a mediados de año, consolidando la ejecución de una agenda migratoria cada vez más restrictiva en territorio estadounidense.







