El Congreso de Guanajuato rechazó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La votación, realizada el 8 de octubre, terminó con 22 votos en contra y 15 a favor, en medio de un debate sobre soberanía nacional, derechos políticos y representación de las comunidades migrantes.
De acuerdo con reportes de la prensa local, legisladores del PAN, PRI, PRD y sin partido votaron contra la propuesta, mientras Morena, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano respaldaron la modificación. El rechazo de Guanajuato, sin embargo, no frenó el procedimiento federal: el Congreso de la Unión ya había declarado la constitucionalidad de la reforma tras recibir el aval de 22 legislaturas estatales.
Uno de los argumentos de la oposición fue que poseer una segunda nacionalidad no implica falta de lealtad a México y que excluir a estas personas de determinados cargos puede limitar sus derechos políticos. También hubo cuestionamientos sobre la falta de consulta a los sectores afectados. Legisladores locales habían planteado realizar un parlamento abierto con migrantes, especialistas y organizaciones de derechos humanos.
Morena defendió la modificación bajo el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben tener obligaciones únicamente con México. Durante el debate, integrantes de esa bancada también cuestionaron al PAN por su postura frente a los derechos de los migrantes y recordaron la desaparición de la Secretaría del Migrante estatal, un señalamiento político distinto del contenido de la reforma federal.
La medida no elimina la doble nacionalidad para la población en general ni impide acceder a cualquier cargo público. Se concentra en tres puestos ejecutivos y establece que sus aspirantes deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana, conforme a las condiciones previstas en el decreto.
La votación en Guanajuato refleja una disputa que trasciende las diferencias partidistas: cómo garantizar la lealtad institucional sin restringir los derechos de mexicanos que mantienen vínculos con otros países.
