Cualquier persona que vea las noticias estará familiarizado con los abusos que han cometido las agencias migratorias de los Estados Unidos, particularmente el ICE (Immigration and Customs Enforcement). Desde su creación, las agencias encargadas de aplicar las leyes migratorias, primero Border Patrol, la Patrulla Fronteriza (PF) y después ICE, han cometido abusos bien documentados. No obstante, dichos abusos no eran necesariamente promovidos por las agencias y en algunos casos fueron investigados y sancionados. Las agencias reconocían límites en su actuación, establecidos por las leyes o por prácticas internas de las agencias. Eso ha cambiado radicalmente desde la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia.
La Patrulla Fronteriza (PF) y el CBP (Customs and Border Protection), de las quel dependen tanto ICE como los oficiales asignados a los puertos de entrada, durante años se preciaban de hacer un trabajo discreto, efectivo, y apegado a la ley (aunque siempre existieron numerosos casos de abusos). Durante mi estancia en el Consulado de México en Nogales, pude experimentar de primera mano la respuesta de CBP y PF a las quejas que se presentaban contra los abusos de sus agentes. Podría afirmar que había en las agencias, al menos una apariencia de legalidad. Uno de los casos más serios que pude atestiguar fue el asesinato de un joven mexicano, en territorio mexicano, por disparos de fuego de un agente de PF desde territorio estadunidense (existen varios casos similares, desafortunadamente). Este caso llegó a juicio en una corte en Arizona, donde tristemente, un juzgado declaró inocente al agente .
La administración Trump, especialmente en su segundo periodo, no se preocupa siquiera por brindar una apariencia de legalidad. Tanto PF como ICE han hecho gala de uso excesivo de la fuerza y del desprecio por las normas que rigen su labor. Muchos de los excesos cometidos durante los operativos conjuntos ICE-PF han sido documentados ampliamente por los medios de comunicación.
El Presidente Donald Trump ha decidido utilizar todos los instrumentos legales y extralegales de los que dispone su oficina para deportar a cualquier persona que se cruce en el camino de los oficiales de migración. Una muestra de la teatralidad con que se ejecutan los operativos son las detenciones de tránsito. Los agentes de Patrulla Fronteriza y ICE se abstenían de detener personas mientras conducían basados únicamente en su aspecto físico (lo que constituye racial profiling o perfilamiento racial). Anteriormente, el riesgo para los migrantes indocumentados que conducían sus vehículos era ser detenidos por las policías municipales por una falta de tráfico y que éstas llamaran a la PF para interrogar al motorista sobre su nacionalidad y estatus migratorio. Para evitar eso, los consulados sugeríamos a los migrantes permanecer callados y llamar al consulado en cuanto tuvieran oportunidad.
Los incidentes que han resultado en muertes y detenciones de ciudadanos estadunidenses y mexicanos y más recientemente de un colombiano, fueron resultado de operativos en que los agentes de ICE y PF intentaron detener a conductores de aspecto extranjero. La controversia que siguió a la serie de incidentes mortales llevó a las autoridades estadunidenses a analizar la posibilidad de no llevar a cabo más detenciones de tráfico .
Los operativos migratorios son espectaculares, con un visible despliegue de fuerza (agentes armados con rifles de alto poder, por ejemplo). Son diseñados para causar miedo entre las comunidades y complacer a los votantes republicanos que exigen un aumento en las deportaciones. A pesar de su espectacularidad, las cifras de deportaciones desde el interior del país fueron mayores durante la administración de Obama .
El Presidente Obama adoptó una política de deportar en primer lugar a personas indocumentadas con antecedentes penales y a pesar de ellos ejecutó numerosas deportaciones (el semanario The Economist lo llamó Deporter in Chief, Deportador en Jefe) . La administración Trump decidió que la política de detener personas específicas con antecedentes penales no se observaría en lo sucesivo. La consecuencia es la organización de redadas en lugares de trabajo o lugares frecuentados por migrantes, incluyendo persecuciones espectaculares y detenciones agresivas.
Durante gobiernos anteriores, PF ejercía sus funciones en las zonas fronterizas mientras que ICE se encargaba de detener y deportar a personas que habitan en el interior del país. El gobierno actual cambió esa práctica y ha enviado a la Patrulla Fronteriza en operativos conjuntos con ICE al interior del país. El anterior jefe de la corporación, Greg Bovino, ganó notoriedad por encabezar operativos con exceso de uso de fuerza. Las muertes de los dos ciudadanos americanos en Minneapolis a manos de agentes de ICE fueron el punto más álgido de una campaña basada en el uso excesivo de la fuerza.
Por largo tiempo hubo sitios donde las autoridades migratorias no ejercían sus facultades, como las iglesias o los juzgados. Hoy en día, los agentes migratorios aprovechan el hecho de que muchos migrantes acuden puntualmente a sus citas en las cortes de migración, para desplegarse en los juzgados y detenerlos. El caso de la Jueza Hannah Dugan adquirió gran notoriedad porque permitió a un migrante mexicano que comparecía en su corte escapar de los agentes migratorios. La Jueza ha sido declarada culpable de obstrucción de justicia por su valiente acto y se encuentra en espera de sentencia
Otro principio con el que el Presidente Trump rompió claramente, es la ley posse comitatus, que prohíbe utilizar al ejército en funciones policiales . Con el fin de incrementar el número de agentes encargados de detener migrantes y evitar los límites impuestos por la posse comitatus, la Casa Blanca desplazó a la Guardia Nacional de estados republicanos a ciudades y estados gobernados por demócratas a pesar de las protestas de sus gobernadores o alcaldes.
El uso de la fuerza se ha incrementado de manera sorprendente, tolerado e incluso incentivado por los altos funcionarios que debieran limitarlo. Así, por ejemplo, el mismo Vicepresidente J.D. Vance declaró que los agentes que usen la fuerza (se entiende que justificada o injustificadamente) no tienen nada que temer porque cuentan con “inmunidad absoluta” . Esta afirmación es, por supuesto, incorrecta. Los agentes de aplicación de la ley cuentan con la llamada “inmunidad calificada” que, lamentablemente, ha impedido que se castiguen muchos abusos de diversas corporaciones policiales . No obstante, esa inmunidad no es absoluta.
Las acciones del gobierno estadunidense en materia migratoria han sido repetidamente impugnadas en las cortes; algunas de ellas han sido provisionalmente suspendidas, otras detenidas por los juzgados pero la Suprema Corte ha ampliado considerablemente la autoridad de la presidencia en la materia. Pero las decisiones judiciales no han detenido a la Casa Blanca. Nos encontramos frente a un Presidente que patentemente ignora o distorsiona las decisiones de las cortes. El reto a futuro para los migrantes y quienes defienden sus derechos será reencauzar la actuación de las autoridades migratorios hacia la legalidad, incluso cuando Donald Trump se haya ido del poder.
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