La minuta fue avalada con 281 votos a favor y 83 en contra; contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso fraudulento de identidad institucional.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para reforzar las sanciones contra la piratería y el uso fraudulento de elementos gráficos de instituciones públicas. Tras casi diez horas de discusión, la minuta fue avalada con 281 votos a favor y 83 en contra, y enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, informó La Jornada el 21 de octubre.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido denominada “Ley Antimemes” por sus críticos. Sin embargo, su disposición central no establece una prohibición general de memes o caricaturas, sino sanciones por utilizar, reproducir, imitar o incorporar, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.
Las sanciones previstas
El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a diez mil unidades de medida y actualización. Según el cálculo publicado por La Jornada, las sanciones económicas equivaldrían aproximadamente a entre 117 mil y un millón 173 mil pesos.
La mayoría parlamentaria defendió los cambios como una herramienta para combatir fraudes y páginas apócrifas que utilizan emblemas oficiales para aparentar legitimidad. Legisladores de Morena sostuvieron que, para configurar el delito, deben concurrir el uso de identidad institucional, la escala comercial y la intención de engañar para cometer un ilícito.
Debate por la libertad de expresión
La oposición cuestionó la redacción de la reforma y advirtió que expresiones como “identidad gráfica institucional” y “escala comercial” podrían dar lugar a interpretaciones amplias. También reclamó que no se incorporara una excepción explícita para contenidos periodísticos, educativos, artísticos, satíricos o de parodia.
Durante la discusión se presentaron 177 reservas, pero ninguna fue admitida. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la norma no se aplicará contra periodistas cuando no exista delito; los opositores, en cambio, señalaron que la falta de precisiones podría propiciar autocensura entre caricaturistas, creadores y medios de comunicación.
La controversia, por tanto, no se limita al nombre con el que se conoce la reforma: se centra en cómo se aplicarán sus disposiciones y en si su redacción delimita con suficiente claridad el combate al fraude sin afectar la sátira y la crítica pública.
