El Senado aprobó una reforma para reforzar la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes en internet. La modificación plantea exigir el consentimiento expreso y por escrito de madres, padres o tutores para tratar la información de menores, limitar la recopilación de datos y frenar la elaboración de perfiles automatizados con fines de publicidad personalizada o explotación comercial.
El dictamen reforma los artículos 8, 12 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Fue aprobado con 108 votos a favor en lo general y 100 en lo particular, y enviado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Por ahora, las nuevas disposiciones no deben presentarse como obligaciones ya vigentes derivadas de esta reforma.
Entre los cambios propuestos están la creación de mecanismos para verificar la edad de los usuarios y la obligación de recopilar únicamente los datos necesarios para prestar cada servicio. También se prevén mecanismos accesibles para que quienes ejerzan la patria potestad o tutela puedan solicitar la cancelación o eliminación de la información personal de sus hijos.
El alcance es relevante porque aplicaciones, redes sociales, videojuegos y otros servicios digitales pueden reunir información sobre las actividades, preferencias y hábitos de sus usuarios. La reforma busca impedir que los datos de menores se conviertan en perfiles automatizados para dirigirles publicidad personalizada o utilizarlos con fines de explotación comercial. Esto no significa que prohíba todo uso de plataformas digitales por parte de menores, sino que plantea mayores límites al tratamiento de su información personal.
La discusión ocurre días después de que el Gobierno federal publicara, el 14 de octubre, un decreto sobre entornos digitales seguros. Ese instrumento obliga a las plataformas a adoptar medidas para reducir la exposición de menores a contenidos de violencia, acoso y abuso sexual, además de incorporar mecanismos de protección y controles parentales. Las empresas recibieron un plazo de 30 días naturales para adecuar sus sistemas.
Ambas medidas abordan problemas relacionados, pero distintos: el decreto se enfoca en los contenidos y la seguridad digital, mientras que la reforma del Senado busca proteger la información personal y limitar su explotación comercial. Su efecto dependerá de la aprobación en la Cámara de Diputados, la entrada en vigor de los cambios y la capacidad de las autoridades para vigilar su cumplimiento.
