El pasado jueves, en una sesión maratónica de más de 32 horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Reforma judicial, con algunos puntos destacados que ya han sido expuestos aquí. Sin embargo, se aceptaron dos polémicas reservas.
La primera consiste en la fecha de la revocación de mandato. La iniciativa original establecía que se llevara a cabo de manera concurrente con las elecciones políticas, el primer domingo de junio de 2027. Esta propuesta era, de por sí, controversial, pues la persona titular del Poder Ejecutivo Federal podría realizar campaña al mismo tiempo que quienes competían por otros cargos públicos, colocando en un nivel de [mayor] inequidad a los partidos políticos de oposición. Es decir, la presidenta o presidente podría, incluso sin tener esa intención, “arrastrar” una mayor cantidad de votos al partido de su adscripción.
Interpretando los argumentos originales de la iniciativa, se podría decir que el propósito de unir la Revocación con las elecciones era, principalmente, utilitarista, pues señalaba como ventajas un ahorro económico en el proceso electoral y un mayor impulso a la participación de la gente, con lo que se harían más eficientes estos ejercicios ciudadanos. A final de cuentas, predominó la primera postura, de manera que ya no existe la posibilidad de que un eventual proceso de Revocación de mandato pueda contaminar a los procesos electorales. Además, se debe tener muy en cuenta que para llegar a ese ejercicio, es necesaria la solicitud de al menos el 3% de la lista nominal y posteriormente, para hacer vinculante el resultado, se requiere de una participación de al menos el 40% de las y los ciudadanos inscritos en dicha lista.
La incipiente experiencia de México en los procesos de Revocación demuestra su ineficacia. Más que un canal democrático-ciudadano, se han querido utilizar como instrumentos legitimadores del poder, una ratificación, como en el caso de la Administración anterior. O también está el caso de Oaxaca, en donde la negativa para que el gobernador continuase en el cargo fue mayor que su aceptación; sin embargo, al no alcanzarse el porcentaje de la lista para hacerlo vinculante, resultó en un ejercicio inútil que implicó un desperdicio de recursos. Por ello, tal vez sea apropiado mejorar su reglamentación, por ejemplo, prohibiendo que desde puestos públicos o desde el partido gobernante se promueva este proceso y sólo dejar la puerta abierta a la oposición o a la sociedad civil, buscando que el ejercicio venga “desde abajo”. Además, es necesario reconocer una realidad: la participación de la ciudadanía en las elecciones es, por lo general, muy baja. Muchas personas no ven la utilidad en acudir a las urnas a mostrar su desacuerdo o aprobación con el gobierno en turno, cuando existe una muy alta posibilidad de que su voto se tire a la basura.
En tal sentido, podría afirmarse que esta primera reserva no tendrá mayor impacto en la vida política del país, pues se mantendrá el estado de las cosas.
En cambio, la segunda reserva a la iniciativa de la Presidenta tiene un gran impacto, no sólo narrativo, sino también democrático. Una de las principales banderas de la llamada “Cuarta Transformación” ha sido el combate a los privilegios administrativos y la reelección. De hecho, debido a una reciente reforma, las personas legisladoras no podrán reelegirse a partir de 2030.
A pesar de ello, la reserva aprobada abre la posibilidad de una ya ignominiosa reelección por parte de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las cuatro magistraturas nombradas en 2016 originalmente durarían 9 años, es decir, hasta 2025; sin embargo, la reforma judicial de 2024 amplió su permanencia hasta 2027 para empatar la renovación escalonada. La iniciativa presidencial, al cambiar la elección judicial a 2028, ya extendería un año más los encargos. Ahora, debido a la reserva, las personas magistradas del Tribunal Electoral tienen la posibilidad de reelegirse en 2028 y considerando lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la reforma al Poder Judicial de 2024, su encargo terminaría en 2033. Por lo que su periodo se extendería a 17 años, más de la mitad de lo que duró la dictadura de Porfirio Díaz
Ello se ha visto como una “retribución” de la mayoría a algunas personas juzgadoras, como pago por resoluciones favorables a ella.
Ante eso, fueron muy contadas las voces que denunciaron esa propuesta como una falta a la moral, indigna de la izquierda mexicana. Destacaron las intervenciones de los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y de Olga Sánchez Cordero, que trataron de convencer a su propia bancada de abstenerse de cometer un error histórico por favorecer la perpetuación de algunas personas en su cargo y a no desaprovechar la oportunidad de mejorar el esquema de las elecciones judiciales en lo general.
En estos tiempos convulsos en los que se ha puesto en duda la efectividad y afinidad hacia la democracia por parte de las sociedades del mundo, es indispensable ser congruente con los ideales y principios, no usar las posiciones de poder para beneficiarse y cambiar las reglas del juego. Es posible que Morena haya tenido algunos aciertos en su conducción del país; en la mayoría de los casos, las políticas públicas han resultado polémicas, con claroscuros para la sociedad. En otros, como este, no hay duda alguna. El partido en el poder rompió con sus propios principios democráticos. Y ante la inoperatividad de la oposición, hacen falta más líderes dentro de la propia “Cuarta Transformación”. Una verdadera sociedad democrática demandará más parlamentarios como el Vicecoordinador o la ex Ministra, reflexivos, propositivos y críticos, y menos legisladores que sólo busquen mantener el poder, a pesar de las evidentes afectaciones al Estado de Derecho. La verdadera disciplina partidista no es votar en el sentido que determinen algunos cuantos, sino en mantenerse firmes y congruentes con los principios y valores democráticos.
