El miércoles 25 de febrero del año en curso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en la conferencia mañanera los 10 lineamientos de la reforma electoral prometida. No conocemos aún el texto de la iniciativa y es difícil adentrarse en sus particularidades o despejar las dudas que dejan algunos temas como el nuevo modelo de elección de la representación proporcional del Congreso mexicano. Sin embargo, hay asuntos que ya están regulados en la Constitución Política y llama a sorpresa que vuelvan a reivindicarse precisamente ahora. Nos referimos a los puntos 9 y 10 del breve documento presentado: no nepotismo y no reelección. Es una reiteración de propósitos.
Ambas figuras fueron discutidas y aprobadas por el poder reformador de la Constitución en 2025. La presidenta de la República suscribió, el 5 de febrero de ese año, una iniciativa de reforma constitucional en materia de no reelección y no nepotismo electoral[i]. Los argumentos que sostuvo en su iniciativa fueron de enorme peso y gozó de un gran consenso. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 2025.
Como se recordará, con esta reforma se prohibió la reelección consecutiva, permitida hasta entonces: por tres veces para diputadas y diputados federales y en una ocasión para las senadoras y los senadores, en un intento por recuperar el sentido original de la Constitución de 1917. La finalidad era, según la exposición de motivos, evitar la concentración del poder en nuestro país y frenar la perpetuación en la toma de decisiones en manos de una élite política.
En el diagnóstico de la presidenta, que dio pie a la reforma, la reelección introducida en nuestra Carta Magna en 2014, durante el período neoliberal, se apartó de su objetivo de estimular el acercamiento de los representantes populares con la sociedad. Propició que un grupo privilegiado se mantuviera por largo tiempo en el poder, controlando los cargos públicos estratégicos en su propio beneficio. La reelección, se argumentó, provoca daños a nuestra democracia pues afecta la equidad en las contiendas electorales, impide la renovación de los cuadros políticos, mina el pluralismo y obstaculiza la alternancia. En suma, fomenta el monopolio político de una capa dirigente no sujeta a un verdadero sistema de rendición de cuentas.
El plazo para la entrada en vigor de la reforma en materia de no reelección sería hasta 2030 como finalmente quedó redactado en el Segundo Transitorio del decreto.
A mi juicio, la reforma careció de una evaluación objetiva sobre el desempeño de las y los representantes populares reelectos a partir de 2018 y su contribución o no al fortalecimiento del Poder Legislativo. A pesar de la crítica presidencial, de acuerdo con la base de datos de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura, que fue la primera que contó con las y los primeros legisladores de elección consecutiva, fueron 142 diputadas y diputados reelectos de un total de 500, de los cuales 79 llegaron por las siglas de Morena (55.63%)[ii].
La generosa vacatio legis que se le dio a la prohibición (hasta 2030), permitirá, por ejemplo, que los actuales coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PRI, PAN, PVEM y PT puedan ir por su cuarta elección consecutiva antes de que fenezca la disposición constitucional que permite la reelección, aunque los manden a territorio a competir. Lo mismo ocurrirá con los Coordinadores parlamentarios del PVEM, PRI y de MC en el Senado que cumplirán 12 años en su escaño al haber sido reelectos en 2024.
En ese mismo sentido, por su fuerza electoral, Morena ha colocado al mayor número de diputadas y diputados federales reelectos desde que entró en vigor la reforma. De acuerdo con la misma fuente citada[iii], en la actualidad, de sus 253 integrantes, 19 podrían postularse por cuarta ocasión consecutiva para cumplir 12 años en el cargo si ganan la elección y 21 más lo podrán hacer por tercera vez. Estarían en duda quienes accedieron por la vía plurinominal, dada la disposición del artículo 13 del Estatuto de este partido que prohíbe la reelección de quienes arriben al cargo por dicho principio. Sin embargo, desde que se puso en vigor la reforma constitucional, 19 diputadas y diputados guindas plurinominales han sido reelectos, pese al impedimento interno.
En Morena se habla ya de que se permitirá la reelección de sus representantes populares para el proceso electoral de 2027. Si es así convendría emprender una evaluación previa de su labor y compromiso como distintivo de la izquierda y por consideración a su militancia.
La reforma presidencial de 2025 que prohibió en nepotismo electoral tuvo razones sustantivas que conviene recordar. Según la presidenta el nepotismo es una forma de corrupción en manos de líderes y caciques para otorgar empleos o favores a familiares y amigos sin tomar en cuenta la idoneidad para el cargo. Esta detestable figura es, además, una forma de abusar del poder, que amenaza a las instituciones y promueve la desigualdad. Su uso es ilegitimo y antidemocrático.
La reforma le dio rango constitucional a la robusta legislación secundaria impulsada por los gobiernos de la 4T, plasmada en las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, Federal de Austeridad y en el Código Penal. Fue congruente con su oferta política de dignificar la vida pública del país. Tenía el objetivo de que las personas que aspiren a un cargo de elección popular lo hagan por méritos no por favoritismo o compadrazgos.
El plazo de entrada en vigor de las disposiciones constitucionales en materia de prohibición del nepotismo como requisito de idoneidad de las personas para acceder a un cargo de elección popular, con excepción de los poderes judiciales, era 2027 en la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum. Tiempo razonable, aun tratándose de una lacra extendida en nuestro régimen político que había que combatir.
No obstante, en el debate en el Senado de la República, los coordinadores parlamentarios de Morena y del Partido Verde Ecologista de México[iv] introdujeron una reserva para que la prohibición del nepotismo electoral entrara en vigor hasta 2030. No hubo justificación técnica, la decisión fue eminentemente política y tuvo el propósito de garantizar la votación de dos terceras partes exigidas por la Constitución, en manos de la coalición parlamentaria que integran Morena, PVEM y el PT. Sin el voto del Partido Verde, cuyos intereses están puestos en San Luis Potosí, los cambios en la Constitución que prohíben el nepotismo se hubieran rechazado. La postura de la mayoría gobernante fue pragmática como otras decisiones que ha tomado.
En efecto, como lo sostuvo el Coordinador parlamentario de Morena en el debate de esa reserva, en el Estatuto de Morena está prohibido el nepotismo y puede ser una salvaguarda, pero al igual que la reelección en los cargos de elección popular por la vía plurinominal que también está prohibida, corre el riesgo de no cumplirse.
Por ello el hecho de que la iniciativa presidencial retome la bandera de no nepotismo adquiere un gran significado. Hay una mayoría calificada de la coalición gobernante para eliminar el plazo de 2030 y ponerla en vigor ya, antes de que inicie el proceso electoral de 2027. Otra cosa es que por mezquindad o hipocresía esa mayoría no se alcance. Que hasta los aliados la voten en contra. Entonces como diría la presidenta Sheinbaum, deberán explicar sus razones.
[i] https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/147237 (fecha de consulta: 27 de febrero de 2026).
[ii] https://cronica.diputados.gob.mx/ (fecha de consulta: 27 de febrero de 2026)
[iii] https://sitl.diputados.gob.mx/LXVI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL (fecha de consulta: 27 de febrero de 2026)
[iv] https://senado.gob.mx/66/version_estenografica/2025_2_25/2485 fecha de consulta: 27 de febrero de 2026).
