Combatir la delincuencia no significa únicamente detener a quienes ejecutan materialmente un delito. También exige desmontar las redes económicas, administrativas y políticas que permiten que ese delito se vuelva negocio, se reproduzca durante años y termine afectando directamente al patrimonio de todos. Bajo esa lógica hemos presentado dos iniciativas para enfrentar los fenómenos que provocan un enorme daño al país, la facturación falsa y las operaciones simuladas, por una parte, y el robo y la comercialización ilícita de hidrocarburos, por la otra. En esta ocasión abordaremos la primera de ellas.
La facturación falsa no puede seguir siendo vista únicamente como una irregularidad fiscal ni como una conducta aislada de algunas empresas. Detrás de las operaciones simuladas pueden existir estructuras organizadas que utilizan sociedades mercantiles, prestanombres, comprobantes fiscales y contratos para evadir impuestos, desviar recursos públicos o dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero que en realidad carecen de sustancia económica.
Por eso es importante fortalecer el combate a los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, simuladas o falsas. La principal virtud de la iniciativa consiste en cambiar la lógica con la que tradicionalmente se ha enfrentado este fenómeno. En lugar de esperar a que el daño esté consumado, se propone establecer controles desde el nacimiento de las empresas, identificar comportamientos fiscales atípicos, mejorar la trazabilidad de los recursos y vigilar de manera permanente a quienes contratan con el sector público.
Una empresa puede existir jurídicamente, contar con RFC y estar facultada para expedir comprobantes fiscales sin que necesariamente posea trabajadores, instalaciones, maquinaria, capital o capacidad económica suficientes para realizar las operaciones que factura. Esa diferencia entre la existencia formal y la realidad material es precisamente uno de los espacios que aprovechan las redes dedicadas a la simulación.
Para cerrar esa brecha, es necesario fortalecer la información sobre el origen y la aportación efectiva de los capitales, detectar empresas de reciente creación cuyo comportamiento fiscal resulte notoriamente incongruente con su capacidad económica y reforzar los controles sobre proveedores gubernamentales. Lo importante es construir alertas tempranas que permitan intervenir antes de que una sociedad utilizada como fachada facture millones de pesos y desaparezca después de haber cumplido su función.
El problema adquiere todavía mayor gravedad cuando las operaciones simuladas involucran dinero público, pues no basta con investigar a la empresa que emitió una factura, sino que también se requiere determinar quién promovió una contratación, quién verificó al proveedor, quién acreditó que el servicio había sido prestado, quién autorizó el gasto y quién ordenó el pago.
El Paquete Económico 2027 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión también considera esa misma problemática, pues señala que sindicatos, entidades federativas y municipios deben transparentar sus actividades, por lo que el SAT implementará un programa de verificación y comprobación sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Las grandes redes de facturación falsa difícilmente pueden mantenerse durante largos periodos únicamente por habilidad de quienes expiden comprobantes. Cuando existen operaciones reiteradas, contratos relevantes y movimientos considerables de recursos públicos, resulta indispensable investigar si hubo complicidades, omisiones deliberadas o protección dentro de las instituciones.
Esto debe hacerse sin prejuzgar y respetando plenamente el debido proceso, pero sí investigando a fondo a los servidores públicos involucrados, a los empresarios que han construido modelos de negocio alrededor de la simulación y a los políticos que utilizan su influencia para proteger estas redes o beneficiarse de ellas, sin excepciones partidistas, económicas ni jerárquicas.
Para quienes formamos parte del Segundo Piso de la Transformación, combatir estas conductas debe ser una obligación todavía mayor. Respaldar el proyecto significa exigir integridad en el ejercicio público y cerrar cualquier espacio que pueda utilizarse para enriquecerse ilegalmente. Si una persona que pertenezca al movimiento está involucrada en alguna de estas actividades, se le debe investigar a fondo y sancionar; absolutamente nadie está por encima de la ley.
Combatir la facturación falsa también es una forma de ayudar a las finanzas públicas, al recuperar recursos que deberían financiar las tareas del Estado. Cada peso que deja de ingresar por una operación simulada es un peso que no puede destinarse a infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, agua o políticas sociales. La lucha contra estos esquemas no es solamente una política tributaria, sino que también es una política de bienestar y de defensa del patrimonio colectivo.
Además, existe un problema de justicia económica. Los empresarios que pagan impuestos, registran a sus trabajadores y cumplen con sus obligaciones no pueden competir en igualdad de condiciones con quienes reducen artificialmente sus costos mediante facturas falsas o estructuras diseñadas para evadir responsabilidades. Al erradicar estos delitos se protege a quienes producen, invierten y generan empleos dentro de la legalidad.
Por ello, es indispensable avanzar hacia una política basada en prevención, detección temprana, trazabilidad y coordinación institucional, y así evitar que las estructuras de simulación puedan consolidarse antes de que las autoridades intervengan.
Por supuesto, ninguna reforma será suficiente si no existe capacidad institucional para aplicarla. Se requieren autoridades fiscales profesionales, sistemas de información confiables, mejores mecanismos de intercambio de datos e investigaciones capaces de seguir el dinero y determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios de una operación.
Cuando existe facturación falsa, hay evasión de impuestos o desvío de recursos públicos, y las víctimas somos todos. Cerrar esos espacios constituye una de las maneras más eficaces de fortalecer las finanzas públicas sin trasladar nuevas cargas a quienes ya cumplen.
El combate a la corrupción no puede depender de discursos ni de coyunturas políticas, tiene que traducirse en controles efectivos, investigaciones profesionales y sanciones para todas las personas responsables, sin importar su cargo público, influencia política, posición económica o su apellido.
