Este 19 de agosto se cumplen 23 años del atentado contra el Hotel Canal de Bagdad, ocurrido en 2003, que mató a 22 trabajadores humanitarios, entre ellos Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representante especial de las Naciones Unidas en Irak.
Veintitrés años después, el aniversario ya no conmemora una excepción, sino una rutina: desde entonces, la ayuda humanitaria se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
Antes, sin embargo, es conveniente hacer una pequeña revisión histórica sobre las orígenes y motivaciones de las políticas de asistencia humanitaria.
La asistencia humanitaria surgió desde el siglo XIX con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863 y a la aprobación del primer Convenio de Ginebra en 1864 que establecía la obligación para los ejércitos en conflicto prestar atención a los soldados heridos sin importar el bando al que pertenecieran.
No obstante, fue solo en el siglo veinte que adquirió una estructura cada vez más permanente e institucionalizada.
Con los Convenios de Ginebra de 1949 la asistencia humanitaria se estructuró como parte de un conjunto de obligaciones destinadas a proteger la población civil en casos de conflictos armados.
Desde entonces los programas y políticas correspondientes han ido evolucionando para llegar a su consolidación con la aprobación, el 19 de diciembre de 1991, de la Resolución 46/182 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la cual se fortaleció la coordinación de la asistencia ante emergencias complejas y desastres creándose en las Naciones Unidas el Departamento de Asuntos Humanitarios que en 1998 se convirtió en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Si desde el siglo XIX hubo una continua evolución y desarrollo en los programas y políticas de asistencia humanitaria, a partir de 2016, se inicia un proceso de crisis en la asistencia humanitaria que colapsa en 2025.
Un punto de inflexión llegó en enero de 2016 con la publicación del informe Too Important to Fail por el Panel de Alto Nivel sobre Financiamiento Humanitario, que estimó un déficit de 15,000 millones de dólares para cubrir las necesidades derivadas de los conflictos y las crisis humanitarias[1].
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Este diagnóstico condujo a la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul de 2016 y al Grand Bargain, es decir un acuerdo político de buena voluntad y sin personalidad jurídica que reunió por primera vez en un plano de igualdad formal a Estados donantes, agencias de la ONU, ONG y el Movimiento de la Cruz Roja, que tenía como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia de la acción humanitaria. Gracias a ello entre 2016 y 2022 el financiamiento siguió creciendo en términos nominales hasta el pico histórico de 30,300 millones de dólares en 2022[2].
La pandemia de COVID-19 y el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania provocaron un incremento sustantivo de las necesidades y ampliaron la brecha entre los recursos disponibles y los requerimientos de asistencia humanitaria.
Posteriormente, entre 2023 y 2024, la crisis dejó de consistir únicamente en que los recursos crecieran menos que las necesidades: los fondos disponibles comenzaron a disminuir en términos absolutos.
En 2024, la asistencia humanitaria internacional cayó cerca de 5,000 millones de dólares, el mayor descenso jamás registrado, y 16 de los 20 principales donantes redujeron sus aportaciones. Alemania aprobó en julio de 2024 un presupuesto restrictivo; Francia anunció un recorte del 18%; los Países Bajos, de hasta dos tercios hacia 2027; y Suecia redujo y reorientó su ayuda. El caso alemán fue el más drástico: la ayuda humanitaria de emergencia se recortó 53%, de 2,230 a unos 1,040 millones de euros[3]
Y en 2025 la situación se volvió aún más crítica con los recortes presupuestales de Estados Unidos de 9,000 millones de dólares, siendo uno de los mayores proveedores de recursos en la materia con 13,000 millones de dólares en 2023, representando el recorte un porcentaje de 62%[4].
Al respecto cabe aclarar que, en 2024, cuatro donantes: Estados Unidos, las instituciones de la Unión Europea, Alemania y el Reino Unido, aportaban casi dos tercios (65%) de toda la asistencia humanitaria internacional de donantes públicos[5].
A 31 de mayo de 2026, los planes humanitarios requerían 33.660 millones de dólares americanos. Tan solo se recibieron 8.210 millones, es decir, el 24,4 % de la cantidad necesaria[6]
El hecho más grave, y el que mejor expresa esta regresión, es la decisión del gobierno de Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025, de firmar en Ginebra un primer acuerdo de «Reinicio Humanitario» con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), acompañado de una aportación inicial de 2,000 millones de dólares condicionada a sus intereses políticos.
Muestra de ello es que el destino de estos 2,000 millones de dólares fue para la atención de diecisiete crisis específicas alineadas con los intereses estadounidenses, excluyendo contextos como Gaza, Afganistán o Yemen, siendo tres de las crisis en situación de mayor necesidad, e incluyendo países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que no figuran como crisis prioritarias en el Global Humanitarian Overview[7].
Si bien la acción humanitaria nunca ha estado completamente al margen de intereses políticos, lo que parece cambiar ahora es el grado de explicitación de esos intereses y su traducción directa en criterios operativos y de asignación de recursos. Por tanto, lejos de constituir un respaldo neutral al multilateralismo, el nuevo acuerdo posiciona a Estados Unidos como un actor central en la redefinición del cambio de rumbo de la ayuda humanitaria.
Si estos datos expresan un panorama trágico en cuanto a la falta de recursos y su creciente politización por un Estado que, además, es el causante de la mayoría de las crisis bélicas recientes, la situación se ha vuelto aún más crítica por una serie de eventos que afectan a los operadores humanitarios y la población más vulnerable.
Estos hechos ya no son circunstanciales: expresan una tendencia sostenida cuyos responsables continúan actuando con total impunidad.
En 2024 la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó 1,622 ataques contra la atención sanitaria en 16 países y territorios, con 937 personas muertas y 1,774 heridas.
En 2025 se registraron 1,351 ataques; 925 establecimientos fueron dañados o destruidos y cientos de trabajadores sanitarios y ambulancias fueron atacados, retenidos u obstaculizados. En las zonas de conflicto, la proporción de instalaciones médicas fuera de servicio llegó a ser más de seis veces mayor que en otros contextos de emergencia[8].
Esta tendencia está en constante crecimiento y se asocia a otra de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que informa que al menos 326 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 21 países en 2025, lo que elevó a más de 1.010 el número de trabajadores humanitarios asesinados durante los últimos tres años[9].
De manera correspondiente el número de conflictos armados ha pasado de 31 en 2009 a los actuales 65, incrementando de manera exponencial el número de víctimas[10].
Entre ellas las y los niños, la aceleración de las vejaciones y violaciones es brutal. El promedio anual del periodo 2005–2022 fue de aproximadamente 17,500 violaciones. En 2024–2025 la cifra ronda las 40,000: más del doble del promedio de las primeras dos décadas[11]. Y para dimensionar el punto de partida: desde 2010, el número de menores asesinados y mutilados verificados por la ONU aumentó casi 300%, mientras que la denegación de acceso humanitario se disparó más de 1,500%.[12]
La exposición al conflicto se duplicó en los últimos años. Unos 473 millones de niños, más de uno de cada seis en el mundo, viven en zonas afectadas por conflictos; el porcentaje pasó de alrededor del 10% en los años noventa a casi el 19% actual. Save the Children, con metodología PRIO (proximidad a incidentes de conflicto), da una cifra aún mayor: 520 millones de menores expuestos a la guerra en 2024, máximo histórico por tercer año consecutivo[13].
Por primera vez, las fuerzas gubernamentales y militares fueron responsables de más violaciones graves contra menores que los grupos armados no estatales. De ellas, 9,465 violaciones se atribuyeron a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes, responsables del mayor número verificado a nivel global en 2025[14].
Las recientes declaraciones de Vanessa Frazier, la Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, no dejan margen a dudas: «Cuando los Estados, sobre quienes recae la obligación de proteger a la infancia, contribuyen en cambio a su sufrimiento, ello señala una erosión más profunda del respeto al derecho internacional.»[15]
La crisis humanitaria contemporánea no deriva únicamente de la multiplicación de guerras, desplazamientos o desastres. También obedece a decisiones políticas: impedir el acceso de la ayuda, debilitar el derecho internacional humanitario, permitir la impunidad y reducir los recursos destinados a salvar vidas.
La crisis actual no es solamente de capacidad: es una crisis de acceso, financiamiento y respeto al derecho humanitario.
Estamos presenciando no solo el declive del derecho internacional humanitario, sino también el de los valores que lo sustentan: los derechos humanos, que durante tres siglos han formado parte de las ideologías políticas de los Estados democráticos modernos.
En este contexto de aguda crisis humanitaria, México ocupa una posición singular.
No es un gran donante, al contrario, su aportación es muy reducida pero focalizada, a Cuba (el aporte de México es el mayor entre los países donantes), Venezuela y ahora a Colombia, siendo ausente respecto a las grandes crisis internacionales (Sudan, Yemen, Siria y Palestina, por ejemplo).
Sin embargo, el rol realmente importante de México en tema de asistencia humanitaria reside en el apoyo a la población migrante. Este es el papel que México desempeña efectivamente en la crisis global, y el que menos se nombra. Más de 70,500 personas solicitaron asilo en México durante 2025. El país ya se ubica entre los diez con más solicitudes de asilo a nivel mundial[16].
El papel de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha sido y sigue siendo central.
Frente a la crisis de recursos las agencias del Estado mexicano han hizo lo posible para solventar los problemas de un creciente flujo migratorio.
No obstante, aún falta transformar su tradición de solidaridad en una verdadera política de Estado: activa diplomáticamente, financiada de manera previsible, coordinada regionalmente y sujeta a evaluación pública.
Hacia el futuro se perfilan tres escenarios. El primero, de fragmentación bilateral, es hoy el más probable: el sistema multilateral sobrevive reducido y dependiente de un donante que decide dónde y para quién hay ayuda, con lo que la asistencia deja de ser un derecho de las víctimas para convertirse en un instrumento de política exterior. El segundo, de contracción permanente, supone que Europa no revierta sus recortes y que el tamaño actual del sistema se vuelva el definitivo: menos personal, menos cobertura y una transferencia silenciosa del riesgo hacia las organizaciones locales, que reciben apenas el 2% del financiamiento directo, pero aportan casi la totalidad de los muertos. El tercero, de recomposición plural, es el menos probable y el único deseable: exige que los donantes medios y emergentes —América Latina entre ellos— asuman una parte de la carga y le devuelvan al sistema la independencia que perdió. Ninguno de los tres es irreversible; pero el primero ya está en marcha.
En ese tercer escenario México tiene algo que aportar que no es dinero: una doctrina. Su tradición de asilo, su defensa del derecho internacional humanitario y su capacidad logística regional lo colocan en posición de sostener, con una credibilidad que a los grandes donantes ya les falta, que la ayuda humanitaria no se negocia. Pero una doctrina sin presupuesto es un discurso. Convertirla en política de Estado supone financiar de manera previsible a la COMAR, dar contenido real a la cooperación internacional para el desarrollo, incorporarse a los mecanismos multilaterales de coordinación y rendir cuentas públicas de lo que se da y de lo que se recibe.
[1]https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/Too_important_to_fail_addressing_the_humanitarian_financing_gap.pdf
[2] https://fts.unocha.org/plans/overview/2025
[3] https://www.developmentaid.org/news-stream/post/197912/germanys-deep-aid-cuts-threaten-millions
[4] https://unric.org/en/humanitarian-aid-the-most-vulnerable-already-severely-impacted-by-budget-cuts/
[5] https://alnap.org/help-library/resources/global-humanitarian-assistance-gha-report-2025-e-report/humanitarian-finance-in-the-age-of-cuts/
[6] https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
[7] https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2026
[8] https://apps.who.int/gb/scheppr/pdf_files/SCHEPPR8/EB_SCHEPPR8_5-en.pdf?utm_source
[9] https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
[11] https://childrenandarmedconflict.un.org/en/news/year-unthinkable-suffering-record-number-children-conflict-victims-grave-violations-2025
[12] https://news.un.org/en/story/2026/06/1167747
[13] https://news.un.org/es/story/2025/01/1535651
[14] https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2026/06/mil-260617-unnews01.htm
[15] https://childrenandarmedconflict.un.org/en/news/year-unthinkable-suffering-record-number-children-conflict-victims-grave-violations-2025
[16] https://www.acnur.org/mx/noticias/comunicados-de-prensa/miles-de-personas-refugiadas-encontraron-proteccion-empleo-y-nuevas
