El día de ayer fue fundamental para la discusión sobre la economía mexicana, pues coincidieron dos acontecimientos que, aunque surgieron de ejercicios diferentes, comparten la preocupación central de que México necesita encontrar formas innovadoras para lograr un crecimiento económico estable y sostenido.
Por una parte, se realizó el Foro para el Crecimiento Sostenible y Equitativo, en el que participaron economistas provenientes de instituciones como la UNAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey y la UAM, además de representantes de distintos sectores. El encuentro dio continuidad al diálogo iniciado meses atrás por la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar diagnósticos y propuestas sobre la economía nacional. Durante el Foro se abordaron temas como inversión, financiamiento, innovación, política fiscal, pequeñas y medianas empresas, relaciones económicas internacionales y políticas sociales. De acuerdo con los organizadores, los trabajos y propuestas serán presentados a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión ante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
Coincidentemente, también se publicó la versión definitiva del estudio de Mariana Mazzucato y Lara Merling, State Transformation for Plan México: A Mission-Oriented Approach to Delivering Shared Prosperity, que propone una serie de instrumentos para convertir al Plan México en una auténtica estrategia de transformación productiva. Su premisa fundamental destaca que no basta preguntarnos cuánto queremos crecer, sino hacia dónde queremos dirigir ese crecimiento, qué capacidades nacionales queremos construir y cómo distribuiremos sus beneficios.
La coincidencia no debería pasar inadvertida. Dos ejercicios con metodologías y participantes distintos llegaron prácticamente al mismo punto: México cuenta con fortalezas económicas importantes, pero necesitamos desplegar nuevos instrumentos para elevar la inversión, impulsar la productividad, fortalecer nuestra capacidad tecnológica y generar empleos formales y mejor remunerados.
No partimos de cero. En los últimos años se recuperó el poder adquisitivo del salario, se ampliaron los derechos laborales y se fortalecieron los programas sociales. El propio estudio de Mazzucato y Merling reconoce estos avances y señala que su sostenibilidad hacia el futuro dependerá de una economía capaz de generar mayor productividad, empleo formal y capacidad productiva nacional. El siguiente desafío es convertir los avances distributivos en la plataforma de una nueva etapa de crecimiento.
Durante demasiado tiempo se presentó una falsa disyuntiva entre crecimiento y distribución. Se decía que primero había que producir riqueza y después discutir cómo repartirla. La experiencia demuestra que ambas dimensiones deben avanzar juntas. Una economía con salarios dignos, derechos laborales, protección social y menor desigualdad crea también un mercado interno más fuerte. Pero para sostener esos avances necesitamos aumentar la productividad, la inversión y la generación de valor agregado.
En México, la discusión económica actual se centra en la necesidad de recuperar la inversión como una gran prioridad nacional. Pero no se trata simplemente de gastar más; importa cuánto invertimos, pero también dónde, cómo y para qué.
Además, se requiere repensar las reglas fiscales. La responsabilidad hacendaria es indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica, mantener finanzas públicas sostenibles y actuar con responsabilidad frente al endeudamiento. Pero ello no impide perfeccionar los mecanismos mediante los cuales evaluamos la inversión pública.
Mazzucato y Merling plantean precisamente la conveniencia de reconocer de mejor manera la diferencia entre el gasto corriente y aquellas inversiones que generan infraestructura, activos y capacidades productivas de largo plazo. El objetivo no es relajar irresponsablemente la disciplina fiscal, sino evitar que, ante cualquier necesidad de ajuste, la inversión pública sea siempre una de las primeras variables sacrificadas.mEl Presupuesto 2027 ofrece una magnífica oportunidad para iniciar esta discusión.
Otro instrumento que debemos recuperar con mayor decisión es la banca de desarrollo. México cuenta con instituciones financieras públicas que pueden desempeñar un papel mucho más activo para complementar al sistema financiero privado, reducir riesgos y proporcionar financiamiento de largo plazo para proyectos estratégicos.
El objetivo no debe ser cerrar nuestra economía ni renunciar a las ventajas del comercio internacional. México es una economía profundamente integrada al mundo y nuestra relación con América del Norte constituye una de nuestras mayores fortalezas. Pero integración no debe significar dependencia tecnológica o productiva. Podemos exportar más y, simultáneamente, aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones, desarrollar proveedores mexicanos e incorporarnos a segmentos de mayor valor agregado.
Aquí aparece otro concepto relevante del estudio de Mazzucato y Merling: organizar algunas políticas alrededor de misiones nacionales. En lugar de observar cada problema desde una sola dependencia gubernamental, podemos establecer objetivos concretos capaces de movilizar simultáneamente inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y capacidades institucionales.
El agua es un ejemplo extraordinario. Garantizar seguridad hídrica no corresponde solamente a una dependencia. Involucra infraestructura, agricultura, desarrollo urbano, industria, medio ambiente, energía, financiamiento, colaboración intergubernamental e incluso seguridad pública.
Este enfoque permitiría superar uno de nuestros problemas tradicionales: políticas públicas valiosas que funcionan de manera aislada y que, por falta de coordinación, no generan todo su potencial. También implica establecer compromisos claros para quienes reciben apoyo público. Si el Estado comparte riesgos mediante financiamiento, infraestructura, incentivos o compras gubernamentales, es razonable esperar resultados en términos de innovación, generación de empleos de calidad, capacitación de trabajadores, desarrollo de proveedores, protección ambiental o inversión en las comunidades.
Se trata de construir una relación moderna entre Estado y empresa: ni subordinación del interés público a intereses particulares, ni desconfianza sistemática hacia la iniciativa privada. Cooperación, sí; pero orientada a objetivos nacionales y a la creación de valor público.
No necesitamos regresar a las viejas recetas que confiaban exclusivamente en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo, ni necesitamos un Estado que pretenda hacerlo todo. Se requiere un Estado capaz de orientar, coordinar, invertir y convocar; un sector privado dispuesto a invertir e innovar; universidades que participen en la transformación productiva; trabajadores que reciban una parte justa de los beneficios; y comunidades que sean protagonistas de su propio desarrollo.
El Plan México puede convertirse en el espacio donde converjan estas capacidades, pero el reto es pasar de los diagnósticos a las decisiones. Ante la discusión presupuestaria para 2027, el Congreso tendrá la responsabilidad de escuchar estas propuestas, analizar sus alcances y convertir las mejores ideas en instrumentos concretos.
La prosperidad compartida requiere distribución, pero también creación de nueva riqueza. Y crearla exige inversión, innovación y una política económica capaz de mirar más allá del siguiente año.
