El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump alista un paquete de sanciones económicas dirigido de forma directa a la Corte Penal Internacional (CPI) en su totalidad, con un anuncio oficial previsto a corto plazo según revelaron fuentes cercanas al proceso. Esta medida representa una intensificación en la ofensiva de Washington en contra del organismo internacional de justicia encargado de procesar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
La hostilidad de la administración estadounidense hacia el tribunal ha sido constante. El objetivo central de estas presiones es lograr que la Corte desestime las órdenes de arresto giradas contra altos funcionarios israelíes, además de archivar la indagatoria abierta por las actuaciones de militares norteamericanos en territorio afgano. Como parte de esta estrategia de aislamiento iniciada en julio por el secretario de Estado, Marco Rubio, la Casa Blanca ya había penalizado de manera individual a diversos fiscales y togados, evitando previamente castigar a la institución como entidad jurídica global.
De acuerdo con las filtraciones y con reportes de The Wall Street Journal, el decreto podría oficializarse en el transcurso de esta misma semana, coincidiendo con el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Extender las medidas punitivas a toda la organización y a sus redes de colaboración paralizaría virtualmente su operatividad jurídica y administrativa.
Las restricciones del Departamento del Tesoro bloquearían cualquier transferencia de fondos, bienes o servicios por parte de personas y compañías estadounidenses a menos que cuenten con una autorización especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Debido a la dependencia global del sistema financiero estadounidense, las instituciones bancarias suelen acatar estas prohibiciones de manera estricta.
