La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la apertura de un juicio político contra el presidente Santiago Peña con 78 votos a favor, apenas minutos después de que el mandatario anunciara su renuncia al cargo. El quiebre del Ejecutivo se desencadenó tras el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al mandatario que dejó bloqueados los ahorros de millones de personas y provocó multitudinarias protestas en Asunción.
La decisión parlamentaria evidenció la pérdida de respaldo político de Peña por parte de su propia fuerza, el Partido Colorado, cuyos legisladores se sumaron a la oposición para promover el proceso. La acusación formal responde a un presunto conflicto de intereses derivado de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central por insolvencia, entidad donde el presidente figuró como accionista hasta el año pasado y que mantenía 850 millones de dólares en fondos públicos.
Antes de la votación, Peña difundió un video en redes sociales donde formalizó su dimisión argumentando la necesidad de preservar la estabilidad institucional y democrática del país. Sin embargo, evitó asumir responsabilidad directa por el quebranto de la firma digital, por cuyo caso las autoridades han detenido a ocho directivos y altos ejecutivos, entre ellos el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y el CEO Federico Miguel Vázquez.
El proceso constitucional pasó a la esfera del Senado, instancia que requerirá una mayoría de dos tercios para formalizar la condena y destitución del mandatario. En términos del orden de sucesión, el vicepresidente Pedro Alliana se perfila para asumir la titularidad del Ejecutivo y completar el periodo constitucional correspondiente hasta agosto de 2028.
