La administración del presidente estadounidense Donald Trump mantuvo conversaciones secretas con el gobierno de Irán para coordinar la deportación de ciudadanos iraníes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso durante el desarrollo del conflicto bélico entre ambas naciones, según documentos judiciales desclasificados por una corte federal y obtenidos por Associated Press.
Los archivos revelaron que ambos países gestionaron la expedición de documentos de viaje y evaluaron rutas de expulsión a través de terceros países. Mediante este esquema, las autoridades norteamericanas organizaron la repatriación de más de 100 personas en tres vuelos de deportación efectuados entre septiembre de 2025 y enero de 2026, rompiendo con décadas de distanciamiento diplomático y la histórica suspensión de repatriaciones directas por el riesgo de persecución política.
Durante las audiencias, la jueza federal Ana Reyes cuestionó duramente al Departamento de Justicia por pretender enviar a ciudadanos iraníes de regreso a una zona de conflicto donde enfrentan una amenaza directa de muerte. Ante los sealamientos, la representación legal del gobierno estadounidense defendió las acciones argumentando que se limitaban a dar cumplimiento a órdenes legales de expulsión vigentes.
Tras la revelación de la campaña de deportaciones y el presunto intercambio de información de solicitantes de asilo —acusación negada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, la corte ordenó al gobierno estadounidense notificar al tribunal con al menos cinco días de anticipación por escrito antes de ejecutar cualquier plan definitivo para repatriar a ciudadanos iraníes.
