Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la orden judicial que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir las direcciones de miles de contribuyentes con las autoridades de Inmigración. El fallo determinó que el procedimiento adoptado bajo la administración de Donald Trump vulneró la ley federal al transferir información confidencial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar los operativos de deportación.
De acuerdo con la resolución dictada por un panel de tres jueces de la Corte del Distrito de Columbia, el organismo tributario reveló ilegalmente cerca de 47.000 direcciones al ICE. El convenio, establecido en julio de 2025, pretendía evaluar hasta 1,28 millones de registros de personas sospechosas de residir de forma irregular en el país, utilizando mecanismos automatizados que omitían la verificación individual y procesaban solicitudes incluso sin códigos postales válidos.
Organizaciones de derechos civiles impulsaron la demanda al recordar que la legislación federal —reforzada tras los abusos de la era Watergate— prohíbe estrictamente la divulgación de datos fiscales a otras agencias sin cumplir requisitos rigurosos. La jueza Cornelia Pillard enfatizó que las quejas del Ejecutivo sobre las trabas a la aplicación de la ley debían dirigirse al Congreso y no a los tribunales, ratificando la protección constitucional sobre los datos personales de los contribuyentes.
