La pérdida de financiamiento internacional tras los cambios políticos en el país ha debilitado gravemente el sistema de salud afgano, desatando una profunda crisis humanitaria que atenta contra el derecho a la salud de millones de habitantes. La interrupción de los fondos externos ha dejado a las poblaciones rurales en un estado de extrema vulnerabilidad y desamparo sanitario.
Debido a estos recortes presupuestarios, cerca de 600 clínicas han cerrado en todo el territorio de Afganistán. Esta clausura masiva de centros asistenciales ha privado a comunidades enteras del acceso a la atención médica básica y a medicamentos indispensables para la supervivencia diaria.
Las zonas remotas y rurales se han consolidado como las más perjudicadas por el colapso del sector, obligando a las familias a recorrer largas distancias o a prescindir de cuidados médicos esenciales. La falta de infraestructura operativa amenaza con agravar de forma drástica los índices de mortalidad en la región.
