El Pleno del Senado de la República respaldó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con el objetivo de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que el dictamen propone mecanismos institucionales para fortalecer la integridad de candidaturas y prevenir riesgos de infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos.
En lo general, el proyecto de decreto fue avalado con 85 votos a favor y 40 en contra. Para la discusión en lo particular se presentaron reservas por parte de cuatro senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, pero las propuestas de modificación fueron desechadas por la Asamblea, por lo que los artículos reservados fueron avalados, con 84 votos a favor y 41 en contra, en sus términos.
De acuerdo con la minuta, la Comisión de Verificación estará integrada por tres consejeras o consejeros Electorales, con una duración en su encargo de tres años y una presidencia rotativa, que será designada anualmente entre sus integrantes.
Dicha instancia tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
De acuerdo con la minuta, la entrega de esta información podrá ser total o parcial y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
También dispone que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.
