La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó haber compartido información que comprometiera la seguridad nacional y aseguró que los audios difundidos en los últimos días corresponden a una conversación privada relacionada con la cancelación de su visa estadounidense. Al fijar por primera vez una postura amplia sobre la controversia, la mandataria sostuvo que el material fue obtenido y difundido con fines políticos.
“Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones. Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria”, afirmó.
Ávila Olmeda sostuvo que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional, por lo que rechazó las versiones que la señalan de haber ofrecido datos de las mesas de seguridad a supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos.
La mandataria también responsabilizó directamente a su antecesor, Jaime Bonilla, de haber organizado el encuentro en el que se originaron las grabaciones. Según explicó, el exgobernador la contactó por WhatsApp y le propuso reunirse con personas que, presuntamente, podrían ayudarla a resolver su situación migratoria ante autoridades estadounidenses.
“Confié de buena fe con mi antecesor; fue una trampa”, declaró. Añadió que la reunión se realizó en Tijuana y que quienes participaron “solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla para afectarme políticamente”.
La gobernadora anticipó que podrían difundirse nuevos fragmentos del audio, aunque advirtió que, a su juicio, se trataría de extractos descontextualizados. “Seguramente seguirán apareciendo más fragmentos”, dijo, al tiempo que afirmó no recordar cada palabra de la conversación, pero tener la certeza de que el contexto no cambia: su sorpresa ante los planteamientos que recibió y su intención de consultar a su abogado, contacto que, aseguró, nunca llegó a concretarse.
Finalmente, Marina del Pilar informó que analiza emprender acciones legales por la difusión de las grabaciones, mientras el caso continúa generando reacciones políticas. Morena ha cerrado filas en su respaldo a la gobernadora, mientras que la oposición mantiene su exigencia de que solicite licencia al cargo para facilitar el desarrollo de las investigaciones relacionadas con los audios.
