A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a Perú, la organización internacional Bishop Accountability presentó en Lima una base de datos que recopila denuncias por presuntos abusos sexuales a menores de edad contra 77 clérigos, entre sacerdotes, hermanos religiosos y laicos consagrados que ejercieron funciones en el país andino. La codirectora de la entidad, Anne Barrett Doyle, junto a portavoces de la Red de Sobrevivientes Perú, exigió al pontífice medidas estructurales inmediatas frente al encubrimiento institucional que ha prevalecido en la Iglesia católica local durante las últimas décadas.
El informe digital detalla los perfiles de los religiosos acusados, los antecedentes de las agresiones y la inacción recurrente de la justicia canónica y de los tribunales civiles. Ante este escenario, la ONG demandó al papa ordenar a la Conferencia Episcopal y a los superiores de órdenes religiosas hacer públicos los nombres de los clérigos con acusaciones fundamentadas —siguiendo el precedente aplicado en Estados Unidos—, reformar el Código de Derecho Canónico para retirar la discrecionalidad de los obispos ante casos de pederastia e instar al Estado peruano a instaurar una comisión de la verdad independiente, conforme a las directrices del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El pronunciamiento cobró especial dureza al recordar el escándalo del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), sociedad disuelta por el Vaticano tras documentarse más de un centenar de denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales que derivaron en la expulsión de su fundador, Luis Fernando Figari. Activistas como José Enrique Escardó cuestionaron que, pese a la gravedad de los crímenes reconocidos por la propia estructura religiosa, ningún responsable penal haya sido encarcelado en el fuero civil, al tiempo que demandaron el cese del hostigamiento judicial contra periodistas de investigación que destaparon estas redes de agresión.
