¿Puede una reforma legislativa reducir la corrupción en México? Por sí misma, difícilmente. La experiencia demuestra que modificar leyes, crear instituciones o aumentar sanciones produce resultados limitados cuando las normas carecen de recursos, capacidades administrativas y respaldo político. Sin embargo, también sería un error restar importancia a la legislación. Las leyes constituyen el punto de partida para transformar las demandas sociales en obligaciones concretas para las autoridades.
En las primeras etapas del ciclo de las políticas públicas, el Poder Legislativo desempeña una función decisiva. A través del debate parlamentario, las demandas ciudadanas pueden convertirse en problemas reconocidos dentro de la agenda pública. Posteriormente, corresponde al Congreso formular y seleccionar alternativas, darles viabilidad jurídica mediante la creación o reforma de leyes y, particularmente desde la Cámara de Diputados, asignar los recursos presupuestarios necesarios para hacerlas operativas.
Por ello, aunque una reforma legal no garantiza por sí misma una disminución de la corrupción, sí puede modificar los incentivos, fortalecer los controles y establecer responsabilidades más claras. El problema aparece cuando la intervención legislativa se reduce a reformas aisladas, construidas para responder a coyunturas políticas y desvinculadas de una estrategia institucional de largo plazo.
México requiere una reforma integral que atienda tres ámbitos esenciales del combate a la corrupción: prevención, vigilancia y sanción.
El primer ámbito es la prevención. Durante años, buena parte de la política anticorrupción se ha concentrado en aumentar sanciones y ampliar catálogos de conductas prohibidas. Sin embargo, el endurecimiento de las penas tiene un alcance limitado cuando las instituciones encargadas de aplicarlas son débiles o cuando la probabilidad de detectar una irregularidad continúa siendo mínima.
Prevenir implica intervenir antes de que los recursos sean desviados o las decisiones públicas sean capturadas por intereses particulares. Esto exige profesionalizar el servicio público, identificar riesgos de corrupción, reducir espacios de discrecionalidad, mejorar los procesos de contratación y establecer reglas claras para la interacción entre autoridades y particulares. El objetivo debe ser construir condiciones institucionales para que la conducta ética y el cumplimiento de las normas sean la regla.
Este cambio resulta especialmente complejo en un país donde la corrupción ha logrado normalizarse en numerosos espacios públicos y privados. Cuando las prácticas irregulares se perciben como parte inevitable del funcionamiento cotidiano de las instituciones, la prevención deja de ser una tarea administrativa y se convierte en una política de cambio institucional y cultural.
El segundo ámbito es la vigilancia. Todo sistema democrático necesita controles eficaces sobre quienes ejercen el poder y administran recursos públicos. En México, uno de los instrumentos centrales para cumplir esa función es la fiscalización superior del gasto que realiza la Auditoría Superior de la Federación.
Durante los últimos años se han impulsado diversas propuestas para fortalecer la fiscalización; sin embargo, aún existen oportunidades para mejorar su alcance y oportunidad. La revisión de la Cuenta Pública podría beneficiarse de plazos más ágiles y de mejores mecanismos para dar seguimiento a las observaciones. Contar con resultados oportunos permitiría corregir irregularidades, recuperar recursos y fortalecer la fiscalización.
En el Congreso existen iniciativas que buscan reducir los plazos de fiscalización, recuperar mecanismos colegiados dentro de la ASF, ampliar la participación ciudadana y mejorar el seguimiento de las denuncias. Son propuestas que merecen discutirse, pero continúan en comisiones y enfrentan el riesgo permanente de quedar relegadas por las prioridades políticas del momento.
El tercer ámbito es la sanción. En este punto resulta indispensable fortalecer a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las entidades federativas. Diversos diagnósticos han documentado que muchas fiscalías anticorrupción carecen de autonomía real y operan, en los hechos, como unidades administrativas subordinadas a las fiscalías generales.
Las presiones políticas, las remociones y renuncias de sus titulares ante los cambios de gobierno, las profundas disparidades presupuestarias y la ausencia de un Servicio Profesional de Carrera consolidado limitan su capacidad de investigación. El resultado es una impunidad persistente. Entre 2019 y 2023, las sentencias condenatorias representaron apenas el 0.72% de las denuncias registradas, mientras alrededor del 41% de las carpetas fueron concluidas mediante archivos temporales, abstenciones de investigar o determinaciones de no ejercicio de la acción penal*. El principal problema es este: la distancia entre denunciar un posible acto de corrupción y conseguir una sanción sigue siendo enorme. Además, la opacidad y las respuestas deficientes de varias fiscalías impiden evaluar integralmente su desempeño.
¿Por qué, frente a este escenario, la legislación avanza con tanta lentitud? La respuesta resulta incómoda. La responsabilidad recae en legisladoras y legisladores que permiten que las iniciativas permanezcan congeladas en comisiones o evitan llevarlas a votación. Fortalecer la prevención, la fiscalización y la sanción implica limitar espacios de discrecionalidad de quienes ejercen el poder. También supone aumentar la posibilidad de que las decisiones públicas sean revisadas, cuestionadas y sancionadas. Mientras los actores políticos continúen obteniendo beneficios del status quo, los incentivos para transformar estas instituciones seguirán siendo débiles.
La construcción de una política anticorrupción eficaz, por tanto, no puede depender exclusivamente de una agenda promovida desde el Poder Legislativo. Se requiere un acuerdo amplio entre los sectores público y privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Cada uno dispone de información, capacidades y espacios de incidencia que deben articularse alrededor de objetivos comunes.
México necesita convertir el combate a la corrupción en una política de Estado que sobreviva a los cambios de gobierno, a las mayorías legislativas y a los cálculos electorales. Las reformas legales pueden abrir ese camino, pero su aprobación dependerá de una presión social capaz de alterar los incentivos de quienes se benefician de que todo permanezca igual. El verdadero desafío consiste en pasar de la indignación dispersa a un acuerdo colectivo que haga políticamente inevitable la reforma.
* De acuerdo con la cuarta edición del estudio “Fiscalías Anticorrupción. Transparencia, autonomía y resultados” elaborado por la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
