La tasa de pobreza urbana en Argentina alcanzó el 52,9 % de la población en el primer semestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador registró un incremento de más de 11 puntos porcentuales respecto a las mediciones del año previo, reflejando el impacto directo de la devaluación inicial, la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el plan de choque económico implementado por la administración de Javier Milei.
El informe oficial detalló que la indigencia, las personas que no logran cubrir la canasta básica alimentaria, se elevó al 18,1 %, afectando a millones de argentinos en los principales núcleos urbanos del país. Los analistas y organismos internacionales atribuyen este deterioro social a la fuerte caída del consumo interno, el congelamiento real de salarios y jubilaciones, y el encarecimiento de servicios públicos y transporte tras la quita gradual de subsidios estatales.
Desde el Gobierno argumentan que la fase inicial del ajuste fiscal era un paso ineludible para frenar la hiperinflación y estabilizar las variables macroeconómicas. Sin embargo, las organizaciones sociales y centrales sindicales advierten sobre la emergencia social en las periferias urbanas, exigiendo medidas inmediatas de contención económica para mitigar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
