El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directrices para acelerar la implementación de la Orden Ejecutiva 14224, firmada en 2025 por el presidente Donald Trump, mediante la cual se declaró el inglés como idioma oficial del país y se instruyó a las dependencias gubernamentales a realizar sus operaciones exclusivamente en dicha lengua.
De acuerdo con reportes del diario Washington Sun, la disposición establece que las agencias federales deberán esforzarse por operar únicamente en inglés en prácticamente todos sus canales de atención y difusión.
La medida revierte de manera definitiva la Orden Ejecutiva 13166, promulgada en el año 2000 por el expresidente Bill Clinton, que obligaba al gobierno federal a ofrecer información en múltiples idiomas para garantizar el acceso a personas con dominio limitado del inglés.
Aunque el decreto presidencial no prohíbe explícitamente la difusión en otras lenguas, el lineamiento del Departamento de Justicia ordena que, a partir de ahora, se publiquen exclusivamente en inglés la correspondencia oficial, reglamentos, avisos y anuncios públicos, formularios, solicitudes, sitios web, materiales educativos y de divulgación, comunicaciones internas e incluso las herramientas de inteligencia artificial gubernamentales.
Como parte de esta transición acelerada, que ya habían iniciado dependencias como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, esta semana la Administración de Servicios Generales (GSA) suspendió el soporte técnico de la versión en español del portal oficial USA.gov, lanzada originalmente en 2003 durante la administración de George W. Bush, redirigiendo ahora el tráfico hacia la plataforma en inglés.
Si bien el documento aclara que la directriz no anula aquellos servicios específicos que por mandato legal expreso deban prestarse en varios idiomas, especialistas como el abogado de derechos civiles Michael Mulé señalaron que los estados y entidades receptoras de fondos federales continúan sujetos a las disposiciones de no discriminación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en materia de acceso lingüístico.
