Trabajadores de plataformas digitales se concentraron este viernes 13 de noviembre en el Parque México, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, para exigir al Gobierno capitalino la cancelación definitiva del plan que pretende imponerles placas mercantiles y licencias de transporte de carga. Aunque los manifestantes reiteraron su rechazo categórico a esta disposición normativa, aceptaron instalar una mesa técnica de análisis con especialistas y legisladores el próximo martes con el propósito de revisar el alcance de la regulación.
Durante la movilización, convocada por agrupaciones gremiales como Repartidores Unidos de México (RUM) y Ni Un Repartidor Menos A.C. , los motociclistas advirtieron directamente al subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), José Cáceres, que no permitirán la entrada en vigor de requisitos que consideran estrictamente recaudatorios y perjudiciales para su sustento diario. Además de oponerse a los costos adicionales que implicaría la regularización comercial de sus unidades, el colectivo exigió rendición de cuentas sobre el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto del 2 % aplicado a cada entrega en aplicaciones digitales, cuestionando que dicho gravamen fue aprobado bajo la promesa de mejorar la infraestructura vial sin que hasta ahora se traduzca en calles seguras. «Nosotros seguimos cayendo en baches, seguimos muriendo en hechos de tránsito, una placa no nos salva», reclamaron los voceros frente a la autoridad capitalina.
En respuesta a los señalamientos del gremio, José Cáceres sostuvo que la propuesta regulatoria de la administración local carece de fines recaudatorios y confirmó que la aplicación del trámite, incluido el esquema de emplacado para vehículos motorizados personales (VMP), permanece suspendida de manera temporal. Esta pausa administrativa, adelantada por la Semovi desde principios de semana tras las protestas y bloqueos registrados en puntos estratégicos como Santa Fe, se mantendrá vigente hasta que las mesas de trabajo permitan construir un consenso técnico y operativo sobre el ordenamiento del sector.
El conflicto ocurre en medio del debate nacional y local sobre la formalización laboral, la seguridad vial y la fiscalización de la economía de plataformas en la capital mexicana, donde decenas de miles de repartidores operan diariamente en motocicletas y bicicletas eléctricas bajo esquemas flexibles. Para los trabajadores, cualquier reforma de movilidad debe priorizar la prevención de siniestros viales, el mantenimiento del asfalto y la protección social antes que imponer cargas económicas y trámites propios del transporte pesado de mercancías.
