Vivimos un momento de profundos cambios en la economía mundial. La competencia tecnológica entre las grandes potencias, la relocalización de empresas (nearshoring), las tensiones comerciales y la búsqueda de cadenas de valor más seguras han abierto una oportunidad histórica para nuestro país. México puede convertirse en uno de los principales polos de inversión del mundo, pero para lograrlo debemos aprovechar nuestras fortalezas y actuar con visión de largo plazo.
La relación económica entre México y Estados Unidos constituye uno de nuestros mayores activos estratégicos. Cerca del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense y el comercio bilateral supera los 900 mil millones de dólares al año, lo que convierte a ambos países en dos de los principales socios comerciales del mundo. Detrás de esas cifras existen millones de empleos, miles de empresas y cadenas productivas profundamente integradas que generan prosperidad en ambos lados de la frontera.
Por ello resulta positiva la continuidad del diálogo entre ambos gobiernos para preservar y fortalecer el T-MEC. Mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, conservar el régimen de arancel cero para la inmensa mayoría de las exportaciones mexicanas y avanzar en temas como reglas de origen, manufactura regional, acero, aluminio y seguridad económica representa una condición indispensable para seguir impulsando el crecimiento del país. La experiencia demuestra que el diálogo y la cooperación producen mejores resultados que la confrontación para defender el interés nacional. Afortunadamente, esta es la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La próxima revisión del tratado debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la integración económica de América del Norte frente a un entorno internacional cada vez más competitivo. Mientras otras regiones del mundo enfrentan mayores costos logísticos e incertidumbre geopolítica, nuestra región puede consolidarse como uno de los principales motores industriales y tecnológicos del siglo XXI.
La integración económica de América del Norte tampoco debe entenderse como una estrategia de confrontación con otras economías. México tiene interés en mantener relaciones constructivas con todos sus socios comerciales y en aprovechar las oportunidades de inversión provenientes de distintas regiones del mundo, incluida Asia. China representa una de las economías más dinámicas del planeta y continuará siendo un actor fundamental para el comercio internacional y la innovación. Precisamente por ello, la fortaleza de México radica en su capacidad para convertirse en un punto de encuentro entre distintas regiones económicas, aprovechando su ubicación geográfica, su estabilidad macroeconómica y su amplia red de tratados comerciales para generar beneficios compartidos.
México cuenta con ventajas que difícilmente pueden replicarse: una ubicación geográfica privilegiada, una amplia red de tratados comerciales, una industria manufacturera altamente competitiva, experiencia exportadora y una fuerza laboral cada vez más especializada. El fenómeno del nearshoring confirma que nuestro país puede convertirse en uno de los principales destinos para la inversión global.
Sin embargo, atraer inversión requiere mucho más que una buena ubicación geográfica. Exige ofrecer certeza jurídica, estabilidad institucional y reglas claras para todos los actores económicos. Impulsar la inversión privada no significa renunciar al papel del Estado. Al contrario, significa contar con un Estado fuerte, capaz de planear el desarrollo, orientar la política industrial, reducir las desigualdades y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todas las regiones del país. Esa visión se encuentra presente en el Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad productiva nacional mediante una estrecha coordinación entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad.
En esa misma dirección apuntan las recomendaciones formuladas por las economistas Mariana Mazzucato y Lara Merling, quienes destacan la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la innovación, ampliar los mecanismos de financiamiento y consolidar una política industrial moderna que genere valor público y acelere la transformación productiva del país.
Pero existe un elemento que será determinante para consolidar esa estrategia de desarrollo: el fortalecimiento del combate a la corrupción. Esta problemática constituye uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, pues incrementa los costos de operación de las empresas, desalienta la inversión de largo plazo, reduce la competitividad y genera incertidumbre para quienes desean emprender o invertir en nuestro país.
Por ello, combatir la corrupción debe entenderse también como una política de desarrollo económico. Un país con instituciones confiables, procedimientos transparentes, contrataciones públicas íntegras, autoridades profesionales y tribunales eficientes ofrece mejores condiciones para atraer capital productivo, generar empleos de calidad y consolidar proyectos de largo plazo.
Durante los últimos años se han impulsado importantes esfuerzos para combatir prácticas que durante décadas debilitaron la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, la magnitud del reto exige seguir perfeccionando los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, digitalización de trámites y profesionalización del servicio público. Cada avance en estas materias fortalece tanto la confianza de la ciudadanía como la de quienes deciden invertir en México.
Desde el Poder Legislativo nos corresponde acompañar esta estrategia mediante reformas que fortalezcan la seguridad jurídica, simplifiquen la actividad económica, modernicen el marco regulatorio y consoliden una política permanente de integridad pública. Una economía más competitiva requiere instituciones más sólidas, y esa es una responsabilidad compartida entre todos los poderes del Estado.
Los acuerdos comerciales modernos ya no se limitan a eliminar aranceles, sino que incorporan compromisos relacionados con transparencia, competencia económica, solución de controversias, protección ambiental, derechos laborales y combate a la corrupción. En consecuencia, fortalecer nuestras instituciones no sólo beneficia al mercado interno; también amplía las posibilidades de que México participe con éxito en nuevos acuerdos comerciales y profundice los ya existentes.
En ese contexto, la política comercial de México debe seguir sustentándose en un principio de apertura responsable. Consolidar nuestra integración con Estados Unidos y Canadá es plenamente compatible con fortalecer los vínculos económicos con Europa, América Latina y Asia. La diversificación de mercados reduce riesgos, amplía las oportunidades para nuestras empresas y fortalece la resiliencia de la economía nacional. Un México abierto al mundo, con reglas claras y capacidad para atraer inversión de múltiples orígenes, estará mejor preparado para enfrentar los desafíos de la economía global.
La relación con Estados Unidos continuará siendo el eje de nuestra política económica exterior. Ambos países comparten el desafío de fortalecer la producción regional, acelerar la innovación tecnológica, garantizar cadenas de suministro resilientes y generar empleos de mayor valor agregado. México tiene mucho que aportar a esa visión compartida.
El desafío de los próximos años no consiste únicamente en preservar el T-MEC, sino en convertirlo en una plataforma para construir una economía más innovadora, más incluyente y más productiva; una economía donde el crecimiento vaya acompañado de mejores salarios, mayor inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, desarrollo regional equilibrado y oportunidades para las nuevas generaciones.
El mejor momento para fortalecer nuestra relación con Estados Unidos es ahora. Pero el mejor argumento que México puede presentar en cualquier mesa de negociación no será únicamente la fortaleza de su economía, sino la solidez de sus instituciones. Un país que combate la corrupción, ofrece certeza jurídica y construye acuerdos es un país que atrae inversión, genera prosperidad compartida e incrementa su desarrollo, para el bienestar de la población.
