El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, evidencia la existencia de una red de «logística fiscal de contrabando» que representa un problema de gran magnitud para el país.
Al referirse al proceso judicial que enfrenta el exmandatario panista por presuntos delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal, el legislador de Morena sostuvo que el caso refleja un esquema de contrabando de combustibles con implicaciones económicas y financieras.
«Es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal, de contrabando, grave para el país», declaró Mier.
El senador añadió que las discrepancias detectadas en este tipo de operaciones incluso han sido señaladas por autoridades estadounidenses, al mencionar al Departamento del Tesoro y posibles afectaciones a disposiciones comerciales relacionadas con el intercambio de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.
Asimismo, hizo un llamado a que exista un reconocimiento de la dimensión del problema y aludió al partido Somos México, organización política con la que Ernesto Ruffo ha mantenido vínculos como integrante de su consejo consultivo.
Las declaraciones se producen mientras continúa el proceso judicial contra Ruffo Appel, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles y delincuencia organizada. La investigación lo relaciona con la empresa Ingemar, señalada por las autoridades como parte del esquema utilizado para introducir hidrocarburos de manera irregular al país.
De acuerdo con la FGR, la indagatoria deriva del aseguramiento realizado en 2025 de más de 15 millones de litros de combustible, considerado uno de los mayores decomisos vinculados al huachicol fiscal en los últimos años. La audiencia para determinar si Ruffo Appel será vinculado a proceso continuaba este martes, mientras un juez también negó la liberación de dos empresarios presuntamente relacionados con la misma investigación.
El caso ha provocado un intercambio de posturas entre Morena y el PAN. Mientras legisladores oficialistas sostienen que la investigación confirma la existencia de una red de contrabando de combustibles, dirigentes panistas y representantes de Somos México han rechazado las acusaciones y aseguran que el proceso tiene un trasfondo político.
