El Gobierno de China expresó su «fuerte insatisfacción y seria preocupación» por la multa de 550 millones de euros impuesta por la Unión Europea a la plataforma de comercio electrónico AliExpress, al considerar que la medida afecta el entorno de negocios para las empresas extranjeras y refleja un trato que calificó de injusto.
La postura fue fijada por un portavoz del Ministerio de Comercio de China, luego de que la Comisión Europea sancionara a la empresa, propiedad del grupo Alibaba, por presuntas violaciones a la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), al concluir que no adoptó medidas suficientes para impedir la venta de productos ilegales, inseguros y falsificados en su plataforma.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Pekín espera que Bruselas garantice un entorno regulatorio «justo, transparente y no discriminatorio» para las empresas de todos los países, al tiempo que pidió evitar medidas que, a su juicio, puedan afectar la confianza de los inversionistas internacionales. Las autoridades chinas aseguraron que seguirán de cerca el desarrollo del caso y respaldarán a las compañías nacionales para proteger sus derechos e intereses legítimos.
La sanción, considerada la más alta impuesta hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, deriva de una investigación iniciada en 2024 sobre los mecanismos de AliExpress para detectar y retirar publicaciones relacionadas con mercancías falsificadas o potencialmente peligrosas. La Comisión Europea concluyó que la plataforma no evaluó ni mitigó adecuadamente esos riesgos para los consumidores.
Por su parte, AliExpress manifestó su desacuerdo con la resolución y anunció que analiza las vías legales disponibles para impugnar la decisión. La empresa sostuvo que ha fortalecido sus sistemas de control y que ha cooperado con las autoridades europeas durante la investigación.
El caso se suma al creciente escrutinio que la Unión Europea mantiene sobre las grandes plataformas digitales, especialmente aquellas con millones de usuarios en el bloque comunitario, en el marco de una estrategia para reforzar la protección de los consumidores y combatir la comercialización de productos ilegales en línea.
