La Fiscalía sostiene que, entre los años 2003 y 2015, durante las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la familia impulsó una red de lavado de activos mediante las sociedades Hotesur y Los Sauces, firmas dedicadas a la administración de sus complejos hoteleros e inmuebles en la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, dichas empresas habrían operado como vehículos para la recepción de retornos e ingresos ilícitos provenientes de empresarios favorecidos con obra pública.
Dentro de la causa, la exmandataria Cristina Fernández enfrenta cargos por asociación ilícita en calidad de jefa y lavado de dinero, conductas delictivas atribuibles también al difunto expresidente. Por su parte, el diputado Máximo Kirchner figura imputado como organizador de la presunta estructura criminal.
El proceso judicial abarca a un total de 19 personas adicionales, entre las que se encuentran empresarios, exfuncionarios provinciales y colaboradores cercanos al entorno familiar.
