El combate al robo y la comercialización ilícita de hidrocarburos obliga a reconocer que estamos frente a un fenómeno mucho más complejo que la imagen tradicional de una toma clandestina conectada a un ducto. El huachicol se ha transformado y, con ello, también deben perfeccionarse las herramientas del Estado para prevenirlo, detectarlo, investigarlo y sancionarlo.
Los acontecimientos recientes en San José Iturbide, Guanajuato, son una muestra de la complejidad que puede alcanzar este sector. Autoridades federales y estatales informaron sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en una terminal de almacenamiento, junto con tanques, unidades de carga, contenedores y documentación. Al mismo tiempo, la empresa involucrada ha sostenido públicamente que el combustible de sus clientes se encuentra en regla y que la instalación opera legalmente. La investigación continúa y corresponderá a las autoridades determinar la procedencia y legalidad del producto.
Precisamente porque existen versiones distintas, el episodio ofrece una enseñanza que va más allá de ese caso concreto. México necesita sistemas capaces de establecer con precisión de dónde proviene el combustible, cuánto ingresó a una instalación, cuánto salió, cuánto permanece almacenado y qué documentación ampara cada movimiento. La respuesta frente a posibles irregularidades no puede depender únicamente de declaraciones públicas o sospechas, sino que debe descansar en información técnica verificable y en investigaciones jurídicamente sólidas.
Ese es uno de los propósitos de la iniciativa que presenté hace unos días para fortalecer el combate al huachicol, pues articula cuatro elementos que normalmente han funcionado de manera separada, la prevención tecnológica, la coordinación institucional, la persecución penal y el seguimiento de los bienes y recursos económicos relacionados con estas actividades.
Uno de sus instrumentos centrales son los controles volumétricos. En términos sencillos, se trata de llevar una verdadera contabilidad física del combustible. Una empresa debe saber cuánto producto recibe, cuánto entrega y cuánto conserva en existencia. Si esas cantidades presentan diferencias significativas, la autoridad tiene que poder identificarlas oportunamente y exigir una explicación sustentada en documentos.
La información, además, tiene que circular. De poco sirve que una dependencia detecte una anomalía si otra autoridad con facultades para actuar se entera semanas o meses después. Por ello, la propuesta contempla que los permisionarios reporten discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección y que, en determinados supuestos, Hacienda formule la querella correspondiente por medios electrónicos en un máximo de 48 horas hábiles, dando aviso simultáneamente a la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, de manera que una misma señal pueda activar distintas capacidades del Estado y sea posible adoptar medidas preventivas, investigar posibles delitos y seguir la ruta de los recursos.
Esa coordinación resulta indispensable porque una operación de huachicol de gran escala no sólo requiere la extracción material del combustible, sino también vehículos para transportarlo, instalaciones para almacenarlo, compradores, mecanismos de distribución, documentación y finalmente canales para convertir el producto ilícito en ganancias.
La iniciativa atiende también otra modalidad que requiere atención específica, el llamado “huachicol de barril”. Se propone sancionar la comercialización, suministro u ofrecimiento de hidrocarburos en vías públicas, carreteras, baldíos, domicilios particulares u otros lugares diferentes de los establecimientos autorizados cuando no pueda acreditarse legalmente la procedencia del producto.
Pero perseguir el combustible es sólo una parte de la estrategia; también hay que seguir el dinero. El negocio deja de ser atractivo cuando el Estado puede afectar no sólo el producto ilegal, sino también los vehículos, equipos, instalaciones y recursos financieros utilizados para obtener ganancias.
Por ello, otro componente de la propuesta fortalece los mecanismos de aseguramiento y extinción de dominio respecto de bienes vinculados con delitos en materia de hidrocarburos, preservando al mismo tiempo los derechos de propietarios y terceros de buena fe. Una organización puede sustituir a algunos operadores después de una detención, pero resulta mucho más difícil continuar funcionando cuando pierde pipas, bombas, bodegas, instalaciones, cuentas y los recursos económicos generados por sus actividades.
El combate al huachicol tiene además una dimensión fiscal y económica que no debe perderse de vista. Cada litro que circula ilegalmente puede representar impuestos que no ingresan al erario, recursos de origen desconocido que penetran en la economía formal y una ventaja injusta frente a quienes adquieren y comercializan combustibles dentro de la ley.
La protección de las finanzas públicas no consiste únicamente en discutir cuánto recauda el Estado. También consiste en impedir que enormes cantidades de recursos se pierdan debido al contrabando, la evasión, la corrupción y los mercados ilícitos. Recuperar esos recursos significa fortalecer la capacidad para invertir en seguridad, infraestructura, salud, educación y políticas sociales.
Los acontecimientos de Guanajuato recuerdan además por qué la trazabilidad debe ser una prioridad. Más allá de lo que finalmente determine la investigación sobre ese caso particular, las dudas públicas respecto de la propiedad, procedencia y documentación de decenas de millones de litros muestran la importancia de contar con sistemas capaces de reconstruir de manera objetiva la cadena del producto.
México necesita una política contra el huachicol capaz de seguir dos rutas simultáneamente. La primera es física y permite conocer de dónde salió el combustible, cómo fue transportado, dónde se almacenó y finalmente dónde se comercializó. La segunda es financiera y debe permitir saber quién pagó, quién cobró, quién obtuvo ganancias y qué ocurrió posteriormente con esos recursos.
Para combatir el huachicol se necesita tecnología, inteligencia financiera, regulación energética, un excelente sistema de procuración de justicia y recuperación patrimonial. Además, las instituciones deben compartir información y reaccionar antes de que las irregularidades se conviertan en redes consolidadas.
Ningún empresario, servidor público o político debe encontrar protección cuando las pruebas acrediten su participación en estos delitos. El objetivo final es fortalecer al Estado para actuar con mayor oportunidad y eficacia, siempre con sustento jurídico. Seguir el combustible es indispensable, pero seguir el dinero y las complicidades es lo que eventualmente nos permitirá erradicar este grave delito.
