Este martes, la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitó formalmente desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas, argumentando fallas procesales graves cometidas por la Fiscalía de Estados Unidos e insistiendo en la vigencia de la inmunidad soberana de ambos exmandatarios.
Ante la jueza de la causa, Annalisa Torres, la representación jurídica alegó un vicio de competencia territorial: sostuvo que este señalamiento debe desahogarse ante el Tribunal del Distrito Este en Brooklyn, demarcación donde la pareja permanece recluida desde su detención el pasado 3 de enero, y no en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, sede donde hasta ahora se ha concentrado el juicio.
La moción surge tras la reciente acusación sustitutiva formulada por fiscales federales, la cual endureció los delitos imputados al incorporar la conspiración por torturas basada en nueve casos documentados de víctimas de la represión estatal, además de extender los cargos de conspiración por narcoterrorismo en perjuicio de Flores.
Los litigantes denunciaron además irregularidades durante las últimas diligencias, señalando que las autoridades ejecutaron nuevas órdenes de captura en contra de sus representados mientras ya se encontraban bajo custodia federal, maniobra que calificaron como un intento ilegítimo de «fabricar» una base legal retrospectiva para subsanar deficiencias en el expediente acusatorio.
Ambos imputados fueron convocados a comparecer el próximo 17 de diciembre, fecha en la que la jueza Torres encabezará su primera audiencia formal para resolver este reclamo de jurisdicción e inmunidad.
