El gobierno de Estados Unidos declinó participar este martes en una reunión clave de la Organización de las Naciones Unidas destinada a examinar su historial en materia de derechos humanos bajo la administración del presidente Donald Trump. La ausencia de Washington en el recinto de Ginebra obligó al consejo a aplazar el evento hasta el próximo mes de enero, una decisión que provocó severas críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales.
Este acontecimiento marca el segundo año consecutivo en que Estados Unidos omite someterse al proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos, instancia de la cual Washington se desvinculó el año pasado argumentando un supuesto sesgo antiisraelí. Un portavoz del Departamento de Estado defendió la inasistencia al señalar que la participación implicaría legitimar las labores del organismo, al que calificó de «irredimible» y de promover posturas contrarias a los intereses norteamericanos.
Durante la sesión que quedó vacía, los Estados miembros de la ONU y cerca de doscientos informes presentados por organizaciones civiles tenían previsto interpelar a Washington sobre asuntos críticos como el aborto, la pena de muerte, la discriminación racial y las estrictas políticas de deportación de migrantes. Voces como la de Jamil Dakwar, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, advirtieron que el país atraviesa retrocesos inéditos en materia de libertades civiles fundamentales.
Mientras la administración estadounidense defiende que sus acciones migratorias se apegan estrictamente al marco legal interno, activistas y familiares de detenidos intensifican la presión sobre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los sectores inconformes exigen que el organismo mantenga el escrutinio sobre la situación estadounidense y celebre sesiones informativas extraordinarias, incluso ante la negativa del gobierno federal a rendir cuentas en el estrado internacional.
