La crisis por la calidad del agua en Guadalajara volvió a escalar y obligó al gobernador Pablo Lemus a reconocer que la Zona Metropolitana enfrenta una emergencia inédita. Su administración anunció que dejará temporalmente de utilizar agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo Chapala-Guadalajara, con un esquema de rotación que podría extenderse seis meses.
El anuncio ocurre después de meses de denuncias ciudadanas por agua turbia, negra, amarillenta y con malos olores. Solo durante septiembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió 211 quejas relacionadas con mala calidad y falta de suministro, correspondientes a 103 colonias.
La dimensión de las fallas también ha sido cuestionada por especialistas. Información del propio SIAPA reveló que el organismo monitorea siete de los 38 parámetros establecidos para fuentes superficiales, una situación que, de acuerdo con investigadores consultados por El Economista, impide afirmar con sustento científico que el agua cumple completamente con la normatividad.
Además, un monitoreo ciudadano presentado ante el Congreso estatal reportó ausencia de cloro residual en la mayoría de las muestras y presencia de bacterias y algunos metales; estos resultados requieren distinguirse de los análisis oficiales y no equivalen por sí mismos a una declaratoria sanitaria.
El problema tampoco apareció de un día para otro. Una recomendación de la CEDHJ documentó violaciones al derecho al agua potable y señaló a dependencias estatales, al SIAPA y a municipios por hechos relacionados con contaminación y gestión del recurso.
Así, la respuesta de Lemus llega ante una crisis que evidencia rezagos acumulados: infraestructura deteriorada, vigilancia insuficiente y controles que no han evitado que un servicio básico termine convertido en una fuente de incertidumbre para miles de familias.
