La vigilancia tecnológica gana terreno en América Latina mientras los mecanismos para supervisarla avanzan a un ritmo menor. Reconocimiento facial, inteligencia artificial, videovigilancia, monitoreo de redes sociales y análisis masivo de datos ya forman parte de estrategias de seguridad en distintos países.
Un informe de Derechos Digitales documentó más de 100 casos ocurridos entre junio de 2024 y mayo de 2025, y advierte sobre la expansión de estas herramientas junto con vacíos de transparencia, protección de datos y rendición de cuentas.
Uno de los ejemplos es Brasil, donde el sistema Smart Sampa opera con unas 40 mil cámaras y utiliza reconocimiento facial para identificar personas. Según el reporte, más de 8 por ciento de los detenidos relacionados con el sistema tuvieron que ser liberados por errores de identificación.
La preocupación también alcanza a México. Un estudio de R3D señala que el reconocimiento facial se ha extendido en calles, estadios y aeropuertos sin suficiente transparencia ni evaluaciones de impacto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido, por separado, que estas tecnologías se están normalizando bajo marcos legales insuficientes y con supervisión limitada. El organismo señala riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y la participación ciudadana.
El desafío, advierten los especialistas, no es únicamente tecnológico: implica establecer reglas claras sobre quién puede vigilar, qué información puede recopilarse, durante cuánto tiempo y bajo qué controles.
