La Corte Suprema de Estados Unidos propinó un revés a la administración del presidente Donald Trump al rechazar la implementación de una política que buscaba restringir los tratamientos médicos, hormonales y adaptaciones sociales para la población de reclusos transgénero en prisiones federales.
La directriz del Ejecutivo instruía a la Oficina de Prisiones a modificar sus lineamientos para prohibir el uso de fondos públicos en procedimientos orientados a modificar la apariencia física de las personas privadas de la libertad. El plan contemplaba la reducción paulatina de terapias de reemplazo hormonal, la prohibición de cirugías de afirmación de género y la eliminación de artículos de uso personal como pelucas o maquillaje.
La medida fue frenada inicialmente por el juez federal de distrito Royce Lamberth, quien dictaminó que suspender la atención médica para la disforia de género vulnera los derechos de los internos y puede desencadenar cuadros graves de depresión, ansiedad y riesgo suicida.
Pese a las apelaciones presentadas por el Departamento de Justicia, que argumentó presuntas razones de seguridad interna, los tribunales federales mantuvieron la suspensión de la orden, limitando el intento del gobierno de restringir la atención médica de esta población únicamente a la salud mental y psicofármacos.
